La nueva Rosaleda estará terminada en 2024: así se adaptará a la legalidad

El concurso público para la reposición de la zona verde de la Rosaleda no ha quedado desierto esta vez. Con un presupuesto de unos 4,8 millones de euros, casi el doble de lo inicialmente previsto, una empresa está interesada en llevar a cabo estas obras.

Los plazos de ejecución no se han concretado, pues antes de que comiencen las obras se tiene que adjudicar el proyecto a esta empresa. Sin embargo, veremos la nueva Rosaleda terminada en 2024, si no hay más contratiempos. Así lo ha afirmado Toni Francés, alcalde de Alcoy, en declaraciones a Cope Alcoy este miércoles. En cuanto al inicio de estas tareas, podríamos incluso despedir el 2023 con esta zona en obras.  «En principio, si no hay inconvenientes, podríamos estar hablando de final de año o del mes de enero para comenzar las obras«, ha explicado el primer edil.

Cumplir con la legalidad

Un proyecto que supone cumplir con la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) y que se ha demorado en el tiempo. «Después de muchos años y dificultades podremos cumplir con esa sentencia del TSJCV para reponer la legalidad. Esa obra ilegal que hizo el Partido Popular y que desgraciadamente nos costará a los alcoyanos mucho dinero», ha apuntado Francés.

Y es que durante el verano de 2001, el Ayuntamiento de Alcoy -gobernado entonces por el Partido Popular– inició los trámites para la construcción de un aparcamiento subterráneo en la Rosaleda. Al tratarse de un proyecto que no respetaba la zona verde, La Carrasca-Ecologistes en Acció y un grupo de vecinos presentaron un recurso contencioso-administrativo y pidieron la suspensión cautelar de las obras.

Sin embargo, esta petición fue denegada porque el Ayuntamiento alegó que la eliminación de la zona ajardinada era transitoria. No obstante, no fue así. Presentaron entonces un recurso contencioso administrativo que fue aprobado en una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana emitida en octubre de 2005 y que fue ratificada posteriormente por el Tribunal Supremo y por el Tribunal Constitucional. Esto obligaba al Ayuntamiento de Alcoy a reponer la zona verde.

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