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Los vecinos sobre la peatonalización: «Si la sentencia es firme, se podrán pedir devoluciones de sanciones»

Los vecinos ‘han ganado’. Esa es la conclusión que sacan desde la Plataforma Centro Digno tras conocerse la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que declara nula la ordenanza de peatonalización de Alcoy.

«Hemos ganado. Si no la guerra, la primera batalla decisiva«, ha asegurado Cristina Richart, representante de la Plataforma, en rueda de prensa. Destacan los vecinos su disconformidad con cómo se han hecho las cosas. «Con un texto y un plano no se puede montar una ordenanza«.

Pero van más allá. Hacen también referencia a las multas que a lo largo de estos dos años ya han sido cobradas. «Primero tendremos que ver si la sentencia es firme. Si es firme, sí que nos ha dicho (el abogado) que se podrán pedir las devoluciones de las sanciones. Si es nula la ordenanza, tienen que ser nulas las sanciones», asegura Richart.

En la rueda de prensa también intervinieron más representantes vecinales. Y es que, asegura Richart, han sido más de cincuenta los demandantes y muchas las personas que han colaborado, a pesar de no figurar en la demanda. También como representante de la Plataforma estuvo presente María José Soler.

Desde la Asociación de de Vecinos del Centro, Mari Carmen Pascual recuerda que ellos no están en contra de la peatonalización. «Estamos en contra de cómo se ha llevado a cabo, sin consensuar con los vecinos y sin importar los problemas que han creado».

No obstante, la sentencia por el momento no es firme. Es más, el Ayuntamiento de Alcoy va a presentar un recurso. Aún, así, los vecinos celebran cómo se están desarrollando los hechos. «Para mí lo que es un éxito es conseguir resultados a favor de las asociaciones. Es un éxito grande y más porque no tenemos apoyo en la mayoría de nuestras reivindicaciones», ha asegurado Paco Seguí, representante del movimiento vecinal.

La nueva Rosaleda estará terminada en 2024: así se adaptará a la legalidad

El concurso público para la reposición de la zona verde de la Rosaleda no ha quedado desierto esta vez. Con un presupuesto de unos 4,8 millones de euros, casi el doble de lo inicialmente previsto, una empresa está interesada en llevar a cabo estas obras.

Los plazos de ejecución no se han concretado, pues antes de que comiencen las obras se tiene que adjudicar el proyecto a esta empresa. Sin embargo, veremos la nueva Rosaleda terminada en 2024, si no hay más contratiempos. Así lo ha afirmado Toni Francés, alcalde de Alcoy, en declaraciones a Cope Alcoy este miércoles. En cuanto al inicio de estas tareas, podríamos incluso despedir el 2023 con esta zona en obras.  «En principio, si no hay inconvenientes, podríamos estar hablando de final de año o del mes de enero para comenzar las obras«, ha explicado el primer edil.

Cumplir con la legalidad

Un proyecto que supone cumplir con la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) y que se ha demorado en el tiempo. «Después de muchos años y dificultades podremos cumplir con esa sentencia del TSJCV para reponer la legalidad. Esa obra ilegal que hizo el Partido Popular y que desgraciadamente nos costará a los alcoyanos mucho dinero», ha apuntado Francés.

Y es que durante el verano de 2001, el Ayuntamiento de Alcoy -gobernado entonces por el Partido Popular– inició los trámites para la construcción de un aparcamiento subterráneo en la Rosaleda. Al tratarse de un proyecto que no respetaba la zona verde, La Carrasca-Ecologistes en Acció y un grupo de vecinos presentaron un recurso contencioso-administrativo y pidieron la suspensión cautelar de las obras.

Sin embargo, esta petición fue denegada porque el Ayuntamiento alegó que la eliminación de la zona ajardinada era transitoria. No obstante, no fue así. Presentaron entonces un recurso contencioso administrativo que fue aprobado en una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana emitida en octubre de 2005 y que fue ratificada posteriormente por el Tribunal Supremo y por el Tribunal Constitucional. Esto obligaba al Ayuntamiento de Alcoy a reponer la zona verde.

La justicia es contundente: El Ayuntamiento de Alcoy tiene un año para reformar la Rosaleda

«Pocas veces nos topamos con un incumplimiento tan grave y craso de las previsiones de los arts. 117.3 y 118 de la Constitución Española». Estas palabras forman parte de la respuesta que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha dado al Ayuntamiento de Alcoy, que le pidió que ampliara el plazo límite para que esté terminada la reposición de la zona verde de la Rosaleda.

Una resolución en la que sí que aceptan ampliar ese plazo de abril del 2024 a julio del 2024, tres meses después. Sin embargo, la justicia es contundente. Aseguran que el Ayuntamiento tiene los medios y los remedios para cumplir la sentencia siempre que no configuren las ofertas de las obras de modo que no sean asumibles por los posibles contratantes, como pasó hace unos meses cuando el concurso quedó desierto. «El Ayuntamiento, en el ejercicio de las potestades que le asisten, es el que debe instrumentar la ejecución en el plazo de un año, y no justo lo contrario, aparentar meramente que se ejecuta la sentencia», reza la resolución.

Y es que la sentencia lleva pendiente de ejecutarse desde 2007. El TSJCV que, este hecho, constata la “insinceridad de la desobediencia disimilada” por parte del Consistorio.

Advierten, de nuevo, de las posibles multas, a título personal, para el alcalde, Toni Francés, y la nueva edil de Urbanismo, Vanessa Moltó, si no se cumple la sentencia en el plazo establecido. «Advertimos que las multas a imponer eventualmente al Alcalde-Presidente y a la Concejal de Urbanismo serán inmediatamente ejecutivas y habrán de pagarse con su peculio personal. Sin que esta Sala admita cualquier maniobra de sustitución de la responsabilidad con cargo a la Corporación».

El proceso

Después de quedar el concurso público desierto, se realizó una revisión de los precios. El nuevo presupuesto es de  4.810.571,09 euros, prácticamente el doble de lo previsto inicialmente. Para poder financiarlo, el Ayuntamiento va a solicitar un préstamo de cuatro millones de euros. El concurso público, sin embargo, aún está pendiente de publicarse.

El TSJCV avala la prórroga del Pasaporte Covid otro mes más

La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia Valenciano ha autorizado este viernes la prórroga hasta el próximo 28 de febrero de la vigencia del llamado pasaporte Covid, como había solicitado el Gobierno valenciano.

De esta forma, se amplía desde el 31 de enero, cuando vencía la vigencia actual de esta medida, hasta el último día de febrero la obligación de mostrar el Pasaporte Covid para acceder al interior de todos los establecimientos de hostelería y restauración, cines, gimnasios y centros deportivos, hospitales y residencias.

En la Comunitat Valenciana se aplica desde el pasado 4 de diciembre la obligación para los mayores de 12 años de mostrar el certificado que acredita que se ha recibido la vacunación completa contra la Covid, o se ha superado la enfermedad en los últimos seis meses, o se tiene una prueba diagnóstica negativa en las últimas horas, para acceder a una serie de locales.

La Sala de lo Contencioso concluye en su auto que la prórroga de la medida es «idónea, necesaria y proporcionada» a la vista de la evolución de la pandemia, y además aclara que la medida no afecta al exterior de los establecimientos de hostelería y restauración, según han informado fuentes del TSJCV.

El Tribunal considera que la prórroga de la exigencia del certificado está justificada por la expansión de la variante ómicron y el «incremento acelerado de la transmisión comunitaria no controlada y sostenida»del virus SARS-CoV-2, que «excede la capacidad del sistema sanitario«.

Se trata de una medida susceptible de conseguir el objetivo concreto -señala la Sala en su auto- con lo que queda cumplimentado el juicio de idoneidad, y también cumple el juicio de necesidad, pues resulta «indispensable si se quiere obtener el objetivo de reducir o -al menos- minimizar el incremento de la transmisión», añade.

Del mismo modo, tal y como ha establecido ya el Tribunal Supremo, los magistrados entienden que la obligación de presentar este documento es una limitación«tenue» de los derechos fundamentales que está justificada en su confrontación con la «potente presencia» de los otros derechos fundamentales como el derecho a la vida, a la integridad física y a la protección de la salud.

La medida, según la Sala, también es proporcionada«obtiene un buen encaje de las dos piezas más importantes (salud y economía -por este orden) de este insólito puzzle que representa la actual pandemia».

El Tribunal concluye que son medidas «equilibradas», ya que se derivan de ellas «más beneficios para el interés general -contención de la pandemia- que perjuicios sobre otros bienes o valores en conflicto».

El auto de la Sección Cuarta del TSJCV incluye una aclaración para precisar que, conforme a la redacción de la resolución administrativa, la exigencia del Pasaporte Covid no afecta al exterior de los establecimientos de hostelería y restauración, donde se ubican las terrazas de bares y restaurantes.

La prórroga de la exigencia del Pasaporte Covid para acceder al interior de determinados locales entrará en vigor a las 00:00 horas del día siguiente a su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) de la resolución de la Conselleria de Sanidad que recoja esta disposición.