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La Conselleria de Justicia ha presentado un decálogo de medidas que hacen que la Valenciana sea la primera autonomía en abrir el proceso para «abolir» la prostitución en España, entre las que se encuentra cerrar los burdeles que se esconden como locales de ocio y multar a los clientes, y reconocer a las prostituidas como «víctimas del terrorismo machista».

La Consellera de Justicia, Interior y Administración Pública, Gabriela Bravo, ha firmado este miércoles la resolución de inicio para la reforma de la Ley de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos de la Generalitat, y ha detallado las diez medidas elaboradas por el Foro Valenciano para la Abolición de la Prostitución que, durante el último año, ha reunido a más de 30 personas expertas de todos los ámbitos.

Para la Consellera, el Foro «nos ha permitido confeccionar un diagnóstico preciso sobre la prostitución en la Comunitat Valenciana y ha aportado propuestas para definir diez acciones de una estrategia abolicionista para luchar contra esta forma de violencia de género«, según ha informado de Generalitat.

Las diez medidas incluyen reformas normativas en el ámbito estatal, autonómico y local, así como iniciativas asistenciales para las mujeres prostituidas y acciones de formación y sensibilización, tanto para los profesionales que están en contacto con estas mujeres como de la ciudadanía en general.

«Se podrá perseguir y sancionar a los propietarios de burdeles que se esconden tras fachadas de negocios hosteleros o de ocio«, ha indicado Bravo, que ha añadido que, para ello, en la reforma se contempla la sanción con multa y clausura del local de aquellos establecimientos camuflados con licencias para hostelería u ocio, que permitan o favorezcan el ejercicio de la prostitución.

El cierre se extenderá, incluso, en el caso de que el responsable haya cesado en la actividad y sea otro quien solicite la apertura. También se prohibirán los espectáculos y actividades públicas que inciten o fomenten la prostitución o cualquier forma de explotación sexual.

Además, se establece como sanción administrativa la demanda de sexo pagado tanto en locales y establecimientos públicos como en las carreteras que son competencia de la Generalitat, según las fuentes.

Otra propuesta del decálogo es la modificación de la ley autonómica contra la violencia sobre la mujer para que reconozca a las mujeres prostituidas como víctimas de la violencia de género, «lo que garantizará el acceso de estas mujeres a todos los derechos y recursos asistenciales que protegen a las víctimas del terrorismo machista«, según la Consellera.

Además, Bravo ha anunciado que su departamento elaborará un Modelo Único de Ordenanza Abolicionista «que se ofrecerá a todos los ayuntamientos de la Comunitat Valenciana y que tratará la prostitución como un tipo de violencia de género y no como un problema de orden público, sancionando al putero y protegiendo a la víctima, tal y como ocurrió la semana pasada en la localidad valenciana de Albal».

Por otra parte, en el decálogo se propone aumentar el parque público de viviendas «y que se considere a las mujeres prostituidas como un colectivo prioritario» para acceder a estos recursos habitacionales.

También se aboga por el refuerzo de los recursos formativos para ofrecer salidas socio laborales a estas mujeres mediante itinerarios específicos por su condición de víctimas de prostitución, y potenciar el programa ALBA de la Generalitat para la salida de la explotación sexual.

Bravo ha asegurado que «es consciente» de que «dado la complejidad del problema» no se podía «solucionarlo en solitario» y, por ello, el decálogo incluye «instar al Gobierno y a las Cortes Generales» a la aprobación de una Ley Integral para la Abolición de la Prostitución «ya que es la respuesta más contundente para erradicar este tipo de violencia de género«.

A su juicio, la ley «debe actuar en tres direcciones«. En primer lugar, «la persecución del proxenetismo en todas sus formas», lo cual conllevará la introducción de nuevos tipos delictivos en el Código Penal como la Tercería Locativa (el alquiler de espacios para la compra de sexo) o el rufianismo (la inducción a la prostitución por parte de la pareja sentimental de la víctima).

En segundo lugar, la sanción penal de la demanda y compra de sexo «porque es evidente que si existe la prostitución no es porque hay mujeres que venden su cuerpo, sino millones de hombres dispuestos a comprar«.

Por último, «la protección y consideración de todas las mujeres en situación de prostitución como víctimas de violencia de género, con todo lo que ello implica», lo que supondrá la modificación de la Ley Orgánica de Violencia de Género de 2004; la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita de 1996 y la Ley del Estatuto de la Víctima del Delito de 2015.

«Estamos ya el camino para que la Comunidad Valenciana sea la primera autonomía en abrir el proceso para abolir la prostitución en España. Un proceso en el que aportamos medidas concretas, reformas legales y propuestas viables para acabar con este tipo de terrorismo machista«, ha concluido.