Cocentaina se prepara para vivir este fin de semana una de sus celebraciones más arraigadas con motivo de la festividad...

El PP denuncia el retraso de La Rosaleda y el gobierno exige la apertura del aparcamiento
El parking de La Rosaleda, cuya obra finalizó en agosto, continúa cerrado al público a pesar de que los técnicos municipales certificaron que la instalación estaba lista para su reapertura y de que la concesionaria, la UTE Ortiz-Auplasa, dispone de todas las licencias desde el Pleno del 5 de septiembre. Desde el Ayuntamiento de Alcoy han denunciado la situación, subrayando que los trabajos posteriores en la zona verde de la parte superior, que corresponden exclusivamente a la constructora, no impiden la puesta en servicio del aparcamiento “la administración ha cumplido con todas sus obligaciones y exige a la concesionaria que haga lo propio y proceda de inmediato a la apertura del parking de La Rosaleda”, afirma la concejala de Urbanismo, Vanessa Moltó.
Según el gobierno municipal, los técnicos ya habían informado en julio de que la obra estaba prácticamente finalizada, con únicamente algunas deficiencias menores que la empresa debía subsanar en un plazo máximo de tres semanas. Posteriormente, el 5 de agosto se certificó que la obra estaba completada, y la concesionaria tuvo un mes para realizar las contrataciones necesarias y preparar la reapertura. Con la licencia otorgada el 5 de septiembre, el parking podría haberse abierto, según el Ayuntamiento.
Por su parte, el Partido Popular ha criticado la demora y acusa al gobierno de falta de planificación, gestión y transparencia. Según Carlos Pastor, portavoz del PP en Alcoy, “han pasado cuatro meses desde las promesas de reapertura en un plazo de tres semanas y el parking sigue cerrado. Este retraso y las prórrogas demuestran la falta de compromiso del gobierno municipal con los ciudadanos”. Pastor reclama explicaciones claras sobre los motivos de los retrasos y la ausencia de plazos concretos para la apertura del servicio.
La remodelación de La Rosaleda responde a una sentencia del Tribunal Superior de Justicia, que declaró en su día ilegal la intervención realizada por el anterior gobierno del Partido Popular, después de eliminarse la zona verde que existía en este entorno. El proyecto fue adjudicado por 4,3 millones de euros y el coste es asumido, en su totalidad, por las arcas municipales.

























