Alcoy plantea recargos de hasta el 150% en el IBI para las viviendas vacías de grandes tenedores
El Ayuntamiento de Alcoy plantea aplicar recargos de hasta el 150% en el IBI a las viviendas vacías de grandes tenedores dentro de la nueva propuesta de ordenanzas fiscales para 2027. La medida busca incentivar que estos inmuebles salgan al mercado residencial y forma parte de una propuesta que también contempla bonificaciones para fomentar el alquiler a precios normalizados, además de mantener congelados los principales impuestos municipales.
Según ha explicado el Gobierno Municipal, los propietarios de cuatro o más viviendas podrán afrontar recargos del 50% cuando los inmuebles permanezcan desocupados más de dos años y del 100% si superan los tres. Estos porcentajes podrán incrementarse otros 50 puntos en determinados supuestos “se va a penalizar a quienes tienen viviendas vacías, y no las ponen en alquiler a un precio asequible o no las sacan a la venta, pero también se va a premiar a aquellos que si que las alquilan para las personas que más lo necesitan“, destaca el alcalde, Toni Francés. El Consistorio, según la información facilitada, ha identificado inicialmente unos 400 inmuebles en manos de grandes tenedores, aunque todavía deberá comprobar cuáles están realmente vacíos antes de aplicar las medidas.
En paralelo, las ordenanzas prevén bonificaciones de entre el 50% y el 75% en el IBI para quienes ofrezcan alquileres asequibles de larga duración. La propuesta incluye también descuentos fiscales del 50% para construir vivienda protegida y de hasta el 95% para proyectos de vivienda colaborativa “los principales impuestos municipales seguirán congelados, mientras que las tasas y los precios públicos subirán un 3,6% con carácter general. Pese a ello, la presión fiscal en Alcoy sigue estando por debajo de las medias a nivel esta provincial y estatal“, señala la concejala de Hacienda, Vanessa Moltó.
Las nuevas ordenanzas se serán llevadas al pleno del 6 de noviembre para si aprobación. Tras ello, si salen adelante, está previsto que entren en vigor el 1 de enero de 2027.