La Rosaleda

El Ayuntamiento de Alcoy está obligado a reponer la zona verde de La Rosaleda. Así lo dicta una sentencia judicial. Sin embargo, el proyecto costará cerca de cinco millones de euros a la ciudad. En concreto, el presupuesto es de 4.810.571,09 euros.

El dato contrasta con el anterior proyecto que sacó a licitación el Consistorio en marzo de 2023, en un concurso que quedó desierto. Es decir, ninguna empresa se presentó, ya que el presupuesto -de unos 2’4 millones de euros- estaba por debajo del precio de mercado. Esto significaría que ejecutar las obras les haría perder dinero.

Ante esta situación, el Ayuntamiento se vio obligado a revisar los precios. Esto es algo que no había hecho hasta el momento porque consideraba que el aumento de los costes en algunas partidas se podría compensar con el presupuesto de otras. Y es que el proyecto fue redactado en 2020, antes de que aumentaran los costes de las materias primas, de la energía…

Aseguraba Natxo Gómez, presidente de la Federación Empresarial de l’Alcoià-Comtat (FEDAC) y vicepresidente de la Unión Empresarial de la Provincia de Alicante (UEPAL), en marzo que el desfase en los precios era de cerca del 50%. Y parece que así ha sido. «No entendíamos por qué el Ayuntamiento seguía sacando estos proyectos después de toda la crisis y la subida de precios. Parece que no había mucho interés en que salieran adelante algunas obras públicas», ha explicado Gómez este viernes en declaraciones a Cope Alcoy.

Pero, ¿podrían haber sido menores los costes si los precios se hubieran actualizado en su momento? Es probable que sí. La anterior licitación se aprobó a finales de diciembre de 2022. Sin embargo, el año cerró con una inflación del 5,7%. Por tanto, al revisarse los precios ahora, a los costes normales había que sumarle ese incremento.

Según ha asegurado Toni Francés, alcalde de la ciudad, en declaraciones a Cope Alcoy, la ejecución del nuevo proyecto se sacará en breves a concurso público. «Durante el mes de julio licitaremos el proyecto para que antes de final de año puedan comenzar las obras«.

Ultimátum de la Justicia

La licitación quedó desierta en marzo y en abril la Justicia dio un ultimátum al Ayuntamiento de Alcoy. Ante los retrasos, la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciano (TSJCV) dictó una providencia en la que advertía al alcalde, Toni Francés, y al hasta ahora concejal de Urbanismo, Jordi Martínez, mediante notificación personal de posibles responsabilidades penales y de multas coercitivas.

«El proyecto fue un fracaso del Gobierno del momento. Se denunció desde el primer día. Partiendo de ahí, hemos llegado al nivel más extremo. El juez insta al Ayuntamiento amenazándolo. Si no consiguen sacar el proyecto, comenzarán a multar a personas del Gobierno. A partir de ahí se han puesto las pilas«, considera Gómez.

A esta providencia han respondido desde el Consistorio. «Nosotros contestamos a ese requerimiento con todos los documentos y pasos que hemos dado demostrando que nunca hemos estado parados y que no ha habido una voluntad de no ejecutar la sentencia«, ha asegurado Francés.