29 junio, 2017

Artículo de Opinión de Lola Alba, Diputada Nacional del Partido Popular 

España es un país solidario. Es un hecho, y las cifras lo demuestran. Desde 1988 los PGE incluyen el programa del 0,7%, que representa la solidaridad individual y anónima de muchos españoles, que marcan la equis en su declaración para financiar actividades de interés general con fines de interés social.

Este programa ha permitido construir un modelo de sociedad civil y un desarrollo del tercer sector muy vertebrado y con gran cohesión territorial, que no hubiera sido posible de otra manera.

Y ello ha sido así durante los últimos treinta años. Actualmente las ayudas del 0,7% llegan a siete millones de personas y suponen que en 2017 se destinarán 240,8 millones de euros íntegramente y con plenas garantías a las entidades del Tercer Sector.

Sin embargo, el escenario ha cambiado, una sentencia del TC (9/17 de 19 de enero) ha dado la razón a la Generalitat de Cataluña que, desde 1990 ha venido recurriendo sistemáticamente las convocatorias estatales de subvenciones del 0,7%. Nos encontramos con que, el reparto estatal del 0,7% del IRPF ahora se debe efectuar desde las CCAA, y no por capricho, sino porque una Sentencia obliga a ello.

Esta cuestión genera preocupación entre las entidades del Tercer Sector, que así nos lo han manifestado en varias ocasiones. Preocupación porque los criterios unitarios que existen en la actualidad, se verán fraccionados; temor por la continuidad de sus programas, que en muchas ocasiones son de ámbito superior al de una comunidad autónoma y que, ahora, no saben cómo se financiarán, por ejemplo.

El PARTIDO POPULAR acata las sentencias, como no puede ser de otra manera, y acata esta sentencia en concreto, intentando que se cause la menor perturbación a todos los destinatarios de las ayudas. Por ello se ha aprobado por unanimidad un nuevo modelo entre el gobierno y las CCAA, un modelo que supone la existencia de un tramo estatal del 20%, y que supone que el restante 80% corresponde a las CCAA, y que establece que las transferencias a las mismas estarán condicionadas a que haya convocatorias específicas del 0,7% del IRPF.

Y en lo que nos afecta directamente, ¿Qué va a pasar con el 0,7% en la Comunitat Valenciana? Sinceramente, lo desconocemos, pero podemos adivinarlo. Este ejercicio, la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas de Mónica Oltra va a disponer de 13,5 millones de euros para proyectos sociales. Y va a poder hacerlo siempre que haya convocatorias específicas del 0,7% IRPF. Pues bien, ya desde varias entidades se ha denunciado que las convocatorias van con demora, y que a estas alturas en ejercicios anteriores ya se habían publicado.

Es pronto, pero ya conocemos la capacidad de gestión del gobierno del Titánic, y las necesidades cubiertas con este programa no pueden esperar a un gobierno incapaz de publicar una orden de convocatoria de subvenciones, y no me refiero a estas, pues ya han dado sobradas muestras de su incompetencia con otras cuestiones.

En 2016, último ejercicio gestionado íntegramente por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad se financiaron 8.552 proyectos de 497 entidades, en las que colaboraron 114.374 voluntarios.

Éste debe ser, como mínimo, su objetivo. Pónganse a trabajar y no dejen de nuevo en la cuneta a quienes más lo necesitan.