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Compromiso para que puedan colocarse pancartas en edificios públicos

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El pleno del Ayuntamiento de Alcoy ha rechazado la moción presentada conjuntamente por PP, Compromís, Ciudadanos, Podem y Guanyar Alcoi, sobre la colocación por tiempo limitado de pancartas reivindicativas, cívicas, festivas o culturales en edificios públicos como el Ayuntamiento. La moción había sido propuesta también por varias asociaciones de la ciudad y representantes del Col·lectiu 8 de març se han encargado de leerla en el salón de sesiones:

 

Vox y el edil No Adscrito no estaban dentro de la moción conjunta porque los primeros no comparten que haya pancartas reivindicativas en inmuebles municipales. El segundo, tras haber denunciado no haber sido informado de la propuesta, ha defendido que se estudie la regulación de esta práctica en los edificios públicos. Así lo expresaban David Abad (portavoz de Vox) y Marcos Martinez (edil No Adscrito):

 

Guanyar y Compromís se han mostrado partidarios de que se puedan colgar estas pancartas. También han acusado a los socialistas de escudarse en la normativa vigente para impedir las citadas pancartas mientras, han afirmado, hacen obras en el Centro sin permiso de Conselleria. Elisa Guillem (edil de Compromís) y Sandra Obiol (portavoz de Guanyar):

 

El PP ha dicho que el Gobierno Local les ha intentado acusar ante los colectivos de ser ellos los que han impedido que se puedan colgar pancartas en el Consistorio. Lirios García, portavoz adjunta de la formación, se ha expresado así:

 

Rosa García, portavoz de Ciudadanos, y Cristian Santiago, portavoz de Podem; han dicho lo siguiente sobre esta cuestión:

 

Jordi Martínez, portavoz del PSOE, defendía cambios en la normativa para poder permitir que se coloquen estas pancartas

 

Pese a que la moción finalmente se ha rechazado, el Gobierno Local ha anunciado que a partir del lunes iniciarán los correspondientes trámites para que se pueda contemplar la colocación de pancartas reivindicativas en inmuebles públicos y durante un periodo limitado. Lo ha avanzado el alcalde, Antonio Francés, mientras que desde Col·lectiu 8 de març lamentaban lo sucedido en el pleno.

La revalorización de las pensiones con el IPC amenaza con golpear a las arcas públicas

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La inflación continúa su ascenso descontrolado que dura ya 15 meses consecutivos de tasas positivas. El Índice de Precios de Consumo (IPC) se ha disparado en marzo hasta alcanzar el 9,8%, 2,2 puntos por encima de la tasa registrada en febrero (7,6%) según el Instituto Nacional de Estadística (INE). Esta desviación histórica la ha situado como la mayor cifra desde mayo de 1985, una década en la que la espiral inflacionista era estructural en España.

A la escalada de precios en marzo ha contribuido –en gran medida– el elevado coste de la electricidad, que cierra marzo con una media de 283,30 euros el megavatio hora (MWh). Una cifra que convierte al mes que hoy expira en el más caro de la historia en nuestro país. Y para constatar este nuevo ‘hito’, un dato: el 31 de marzo de 2021 pagábamos la electricidad a 55,16 euros/MWh, un precio un 334% más barato del previsto para hoy.

En este contexto, la desbocada inflación que parece no tener techo se verá reflejada en la revalorización de las pensiones. La vicepresidenta de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, a pesar de asumir que la inflación seguirá subiendo, ha querido lanzaba esta semana en los pasillos del Congreso un mensaje de “tranquilidad” a la ciudadanía y particularmente a los pensionistas. La titular de economía se negaba a anticipar un hipotético cambio en la legislación actual sobre el cumplimiento de la revalorización de las pensiones acorde con el IPC.

Por su parte, el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, ya defendió hace unos días que esta revalorización se hará conforme a la evolución del IPC porque es una cuestión que “no es discutible”. Una posición que –sin embargo– se empeña en desaconsejar el Banco de España en este año de inflación y ha empeorado sus previsiones para señalar que la estabilidad de los precios en el 2% tardará dos años en lograrse.

Esta preocupación también se ha instalado en Bruselas, más aún si consideramos que la revalorización de las pensiones con el IPC que aprobó el Gobierno en diciembre no incluye un mecanismo que garantice de forma efectiva la sostenibilidad del sistema. Mientras, España ha superado su gasto histórico en pensiones durante el mes de febrero al llegar a los 10.781 millones de euros. El coste total de estas prestaciones en 2022 superará los 170.000 millones de euros, aunque debemos de sumar la revalorización media del IPC que se estima que se sitúe en el 6,8%.Así las cosas, el ingente desembolso adicional en la factura de las pensiones podría inflarse hasta con 10.000 millones adicionales.

El PP pide medidas para evitar el colapso de urgencias en verano

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El Partido Popular de Alcoy propondrá en el Pleno ordinario de abril, previsto para mañana, que el Ayuntamiento inste a la Conselleria de Sanitat a contratar el personal necesario para garantizar las sustituciones de verano en el servicio de urgencias del Hospital Virgen de los Lirios. También plantean, a medio plazo, que se creen plazas vacantes con carácter estable para atender las necesidades del citado servicio, garantizar unas condiciones laborales adecuadas para los trabajadores y conseguir una atención mejor para los pacientes.

La formación recuerda que en verano de 2019 el servicio llegó a colapsar con 35 pacientes esperando durante 23 horas para ser atendidos. Además matizan que en 2021 los facultativos denunciaron la situación complicada por la que atravesaba urgencias y se opusieron a reforzar este departamento desatendiendo otras cuestiones del Hospital «desde el Partido Popular presentamos esta moción para recordar las reivindicaciones de la plataforma de protesta, constituida por 400 médicos del departamento de Salud 15 de L’Alcoia-Comtat, y conseguir de una vez por todas una solución estructural a las importantes deficiencias de recursos técnicos y humanos que impiden una correcta asistencia en el Servicio de Urgencias del Hospital Virgen de los Lirios de Alcoy«, destaca la concejala; Lirios García.

Indicar que las protestas del personal sanitario siguieron hasta noviembre, fecha en la que se celebró una multitudinaria manifestación en la Plaza de España. En la misma se pidió que la Conselleria de Sanitat actuase de inmediato en reforzar la plantilla del Departamento de Salud de Alcoy.

Gasolineras valencianas amenazan con un cierre patronal por los gastos que les supone el descuento de Sánchez

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Las gasolineras valencianas han trasladado a la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (CEEES) su disponibilidad a un cierre patronal ante los gastos que tienen que asumir por la bonificación de 20 céntimos por litro de combustible.

Esta decisión, que se ha adoptado tras una asamblea de la federación valenciana para analizar el real decreto-ley de medidas de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania, que ayer aprobó el Gobierno y que ya publica el Boletín Oficial del Estado (BOE), depende de la reunión prevista para esta tarde de la Confederación nacional.

La Federación Mediterránea de Empresarios de Estaciones de Servicio (FEDMES) ha criticado la premura en la entrada en vigor del descuento mañana viernes, una medida que ven necesaria pero mal aplicada e inviable para algunas estaciones que no podrán hacer frente al adelanto del descuento.

Han recordado que desde las estaciones de servicio se ha venido reclamando la rebaja del IVA del 21 al 10%, como se ha hecho en otros países de Europa, una reducción que sí se prorroga para la electricidad pero no se aprueba para el combustible.

Asimismo, desde la Federación insisten en que una de las opciones para aplicar la rebaja del precio del combustible sería bonificar por adelantado a las gasolineras ya que las pymes pueden tener que soportar gastos mensuales medios de 60.000 euros, y lamentan que para la devolución por parte del Estado transcurrirán dos meses y medio.

También aducen poca antelación para reflejar en las facturas a través del sistema informático el descuento de 20 céntimos en la factura, teniendo en cuenta que faltan menos de dos días para su entrada en vigor.

En la Comunitat Valenciana hay unas 1.100 estaciones de servicio que tienen 4.500 empleados.

El PP dice que la peatonalización si que ha provocado el cierre de comercios

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El Partido Popular de Alcoy ha respondido al Gobierno Local del PSOE después de que ayer este último dijese que la peatonalización del Centro había contribuido a generar actividad económica en la zona. Los populares alcoyanos señalan que en los últimos doce meses no se ha conseguido recuperar el barrio ni reactivar económicamente el Centro al mismo tiempo que aseguran que durante este tiempo se han llegado a cerrar hasta 11 negocios.

El portavoz del PP, Quique Ruiz, indica que el Ejecutivo de Francés no aporta datos concretos sobre la reducción de los índices de contaminación en la zona peatonalizada al mismo tiempo que apunta que tampoco hay cifras concretas sobre el notable incremento del tráfico que se ha dado en calles como Casablanca o Sant Jaume. Finalmente pide que se elabore un nuevo proyecto de peatonalización surgido del consenso entre vecinos y comerciantes:

El IPC se dispara hasta el 9.8%, la mayor subida de precios en 37 años

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El IPC se ha disparado este mes de marzo hasta alcanzar el 9,8%, 2,2 puntos por encima de la tasa registrada en febrero (7,6 %) y la mayor cifra desde 1985, según el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Los datos adelantados este miércoles correspondientes al índice de precios de consumo (IPC) reflejan que este significativo aumento se debe a las subidas generalizadas en la mayoría de sus componentes, sobre todo de la electricidad, los carburantes y combustibles, y los alimentos y bebidas no alcohólicas.

La inflación subyacente, que no incluye ni alimentos frescos ni energía, registró un repunte de cuatro décimas en marzo, hasta colocarse en el 3,4 %, la más alta desde septiembre de 2008.

En contraste con esta subida de precios, los salarios solo suben un 1,5%, por lo que los trabajadores siguen perdiendo poder adquisitivo.

Es el primer dato desde el comienzo de la guerra de Ucrania, después de un año de subidas generalizadas. Desde el Ministerio Asuntos Económicos aseguran que «un 73 % de este alza se debe al impacto de la invasión de Ucrania sobre los precios de la energía y los alimentos no elaborados» y por ello urgen la puesta en marcha del Plan Nacional de respuesta adoptado ayer.

El Ministerio confía en que este plan «permitirá revertir esta tendencia alcista, frenar el aumento de costes a empresas y familias e iniciar a corto plazo la reducción de la inflación hasta niveles más moderados», añaden las mismas fuentes y según informa Cope.es.

Los precios de consumo suman 13 meses al alza, desde marzo de 2021, una senda solo interrumpida en enero, cuando la inflación se moderó 4 décimas (al 6,1 % interanual).

Respecto al mes anterior, los precios registran en marzo una subida del 3 %, la mayor en más de 44 años, desde agosto de 1977.

El índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA, que permite hacer comparaciones con otros países europeos) se situó también en 9,8 % interanual, igual que la tasa general, pero subió un 3,9 % mensual, 9 décimas más que la tasa general.

Los precios de los combustibles han influido en buena medida en el repunte del IPC en marzo, a la espera de que el INE publique la información detallada de este indicador el próximo 13 de abril.

El precio medio del gasóleo tipo A en las gasolineras españolas se situaba el martes en 1,849 euros por litro, un 23,59 % por encima del registrado en la última semana de febrero, y el de la gasolina de 95 octanos era de 1,823 euros por litro, un 13,37 % más, según datos registrados en el Geoportal del Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

El encarecimiento de las gasolinas ha estado marcado por la cotización al alza del precio del petróleo Brent, que aumentó un 6,52 % en marzo, hasta casi 112 dólares por barril este miércoles, si bien en el mes el precio máximo llegó a 127,98 dólares el día 8 y el mínimo, a 98,02 dólares una semana después.

Estas son las inversiones que contempla la Diputación para nuestras comarcas

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La Diputación Provincial de Alicante tiene previsto invertir cerca de 6 millones de euros en las comarcas de l’Alcoià y el Comtat durante este año 2022. Será a través del Plan +Cerca tal y como aseguraba días atrás el diputado de Infraestructuras, Javier Gutiérrez, durante una visita realizada a las poblaciones de Gorga y Millena.

Guitérrez indicaba también que con esta cuantía económica, nuestras comarcas percibirán más del triple de ayudas que para el mismo fin concede la Generalitat Valenciana por medio del Fondo de Cooperación. El propio diputado ha dejado claro el compromiso que tiene la institución provincial con el interior de la provincia de Alicante «hay 4,2 millones de diferencia que separan al Plan + Cerca del Fondo de Cooperación solo en estas dos zonas donde, para más inri, predominan las poblaciones pequeñas que necesitan el apoyo de administraciones de mayor capacidad para garantizar su desarrollo y prosperidad«, afirmó.

Indicar que el diputado conoció de cerca las actuaciones realizadas en Gorga y Millena por medio de los planes +Cerca y Planifica de la institución alicante. Para ello mantuvo una reunión con sus respectivos alcaldes; Blas Calbo y César García.

Los contagios siguen al alza en la Comunitat Valenciana

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La Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública ha notificado un total de 9.321 nuevos casos de Coronavirus confirmados por prueba PCR o a través de test de antígenos desde la última actualización, el viernes, y diez nuevos fallecimientos.

De esta forma, la cifra total de positivos se sitúa en 1.347.968 personas. Los nuevos casos por provincias son 713 en Castellón (160.365 en total), 1.802 en Alicante (466.850) y 6.806 en Valencia (720.748). La cifra de contagios no asignados se mantiene en 5, según los datos del departamento que dirige Ana Barceló.

Respecto al número de altas, se han registrado 4.531. Así, el número de personas que han superado la enfermedad desde que comenzó la pandemia en la Comunitat Valenciana es de 1.325.182. Por provincias, 158.814 corresponden a Castellón, 460.706 en Alicante y 705.604 en Valencia. El total de altas no asignadas se mantiene en 58.

Los hospitales valencianos tienen actualmente 451 personas ingresadas, 33 de ellas en la UCI: 52 en la provincia de Castellón, 2 en UCI; 137 en la provincia de Alicante, 12 de ellas en la UCI; y 262 en la provincia de Valencia, 19 en UCI.

Las 451 personas ingresadas muestran un ligero repunte en la presión hospitalaria ya que la cifra del viernes pasado ascendía a 437 pacientes en los centros. No obstante, en este periodo son siete personas menos las ingresadas en UCI. El viernes el número de positivos ascendió a 10.781 nuevos casos.

Ratificada la indemnización a la empresa que renunció a rehabilitar el Molinar

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El juzgado Contencioso Administrativo número 1 de Alicante ha ratificado la indemnización del Ayuntamiento de Alcoy a la empresa encargada de rehabilitar las antiguas fábricas de El Molinar y que renunció a la obra por incumplimientos del Consistorio. Esta sentencia confirma el informe del Consell Jurídic Consultiu el cual determinó que la paralización de los trabajos fue responsabilidad del Ayuntamiento y no de la empresa constructora.

Así lo anunciaba el pasado viernes el Partido Popular de Alcoy al mismo tiempo que destacaba que la citada sentencia amplia ligeramente las cantidades que el Consistorio acordó pagar en diciembre. Dicen desde el PP que el Gobierno Local autorizó entonces el abono de 61.868 euros: 32.861,44 euros correspondientes a la indemnización por el 6% del precio de adjudicación y 29.425,22 euros correspondientes a la devolución de la fianza depositada previamente por la empresa. Ahora, añaden, la sentencia contempla un nuevo pago de 3.332,87 euros en concepto de obras ejecutadas por la empresa en octubre de 2019, antes de la paralización del proyecto. A los 62.454,09 euros que indica el fallo judicial, hay que añadir también  los intereses de demora y los gastos de cobro «el Gobierno del PSOE anunció el proyecto en enero de 2018 y las obras debían finalizar en abril de 2019. La realidad es que tenemos que indemnizar a la empresa, tenemos una nueva condena en contra del Ayuntamiento y hemos perdido 500.000 euros de subvención europea. No se puede hacer peor«, concluye la concejala Lirios García.

Indicar que el proyecto fue adjudicado dos meses después del plazo máximo: junio de 2019. La Generalitat concedió hasta cuatro prórrogas para finalizar las obras y no perder la subvención: al primer plazo de abril de 2019 se sumaron los de noviembre de 2019 y enero, mayo y noviembre de 2020.  Un mes después de adjudicar el proyecto a la empresa que presentó la oferta más baja, aclara el PP, la compañía alegó problemas de acceso a la zona de obras y de seguridad en los taludes, que además no eran de propiedad municipal. La consecuencia fue la paralización de la obra y un nuevo retraso, lo que motivó la rescisión del contrato. Tanto el CJC como el juzgado determinan que la responsabilidad fue del Ayuntamiento, con el consiguiente pago de la indemnización y la devolución de la garantía.

Cambios en el seguimiento y cuarentenas de los positivos Covid

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La ‘Estrategia de Vigilancia y Control frente a la COVID-19 tras la fase aguda de la pandemia’, aprobada el pasado martes por las comunidades autónomas y el Ministerio de Sanidad en el seno de la Comisión de Salud Pública, entra en vigor mañana lunes 28 de marzo.

Sanidad y CCAA ya ofrecieron los primeros detalles sobre cómo sería este sistema de vigilancia transitorio contra la COVID-19 en las Jornadas del Sistema Nacional de Salud (SNS) sobre Vigilancia en Salud Pública, que reunieron hace dos semanas a la ministra de Sanidad, Carolina Darias, y a los consejeros de Sanidad de las CCAA y ciudades autónomas en Zaragoza (Aragón).

Salud Pública justifica que los cambios que han acordado se fundamentan en que «los altos niveles de inmunidad alcanzados en la población española han determinado un cambio en la epidemiología de la COVID-19 que apoya la transición hacia una estrategia diferente que vigile y dirija las actuaciones a personas y ámbitos de mayor vulnerabilidad y monitorice los casos de COVID-19 graves, y en ámbitos y personas vulnerables».

La vigilancia en esta fase de transición dará paso a un sistema consolidado de vigilancia de las infecciones respiratorias agudas que deberá conformar los sistemas de vigilancia centinela de las enfermedades respiratorias agudas (IRAs). En cualquier caso, esta fase transitoria solo se mantendrá siempre que los indicadores de utilización de servicios asistenciales «se encuentren en nivel bajo«, según precisa Sanidad.

Como principal novedad, se ha modificado la indicación de realización de pruebas diagnósticas, que se centrará ahora en personas con factores de vulnerabilidad (mayores de 60 años, inmunodeprimidos y embarazadas), ámbitos vulnerables (sanitarios y sociosanitarios) y casos graves. Así, el diagnóstico de pacientes con síntomas leves compatibles con COVID-19 «se realizará según las necesidades de manejo clínico del mismo«.

En relación al control de la COVID-19 en la población general, los casos confirmados leves y asintomáticos no realizarán aislamiento y los contactos estrechos no realizarán cuarentena. En este sentido, se emitirán recomendaciones dirigidas a las medidas preventivas como la utilización de mascarilla en todos los ámbitos y evitar contacto con personas vulnerables.

En los ámbitos vulnerables, como centros sanitarios asistenciales o sociosanitarios, «se podrán implementar medidas específicas de aislamiento y control», aunque Sanidad no da más detalles al respecto.

Asimismo, las estructuras extraordinarias de vigilancia y control puestas en marcha durante la pandemia «se mantendrán operativas para monitorizar indicadores clave que permitan detectar precozmente cambios en la situación que puedan requerir reimplantar medidas de control».

«Esta estrategia seguirá en vigor mientras no se produzca un cambio significativo en la tendencia que indique una circulación no controlada del SARS-CoV-2 o bien un cambio en la situación epidemiológica que requiera restablecer medidas de vigilancia y control a propuesta de la Ponencia de Alertas y Planes de Preparación y Respuesta«, explicó el Ministerio.