Resolución

El Ayuntamiento de Alcoy ha rechazado este viernes, en sesión plenaria, la solicitud presentada por la actual adjudicataria del aparcamiento de La Rosaleda para suspender el procedimiento de resolución del contrato iniciado el pasado mes por el consistorio ante la inactividad de la empresa. La propuesta ha sido desestimada con los votos de PSOE, Compromís y Guanyar, mientras que PP y Vox se han abstenido.

La petición había sido formulada por la UTE integrada por Enrique Ortiz y AUPLASA como medida cautelar mientras se resuelve el recurso contencioso-administrativo que asegura haber presentado contra la decisión municipal. La empresa solicitaba paralizar el expediente hasta que existiera un pronunciamiento judicial, aunque, según la información de la que dispone el Ayuntamiento, dicho recurso todavía no ha sido asignado a ningún juzgado. En relación a este asunto, la concejala de Administración Local, Lorena Zamorano, ha defendido que el objetivo del gobierno municipal es desbloquear cuanto antes la situación y recuperar un servicio que considera necesario para la ciudad “lo que quiere el Ayuntamiento es dar una solución a esta situación y conseguir que el aparcamiento pueda abrir definitivamente, porque se trata de un servicio necesario para la ciudadanía”, ha afirmado. La edil también ha señalado que el consistorio continuará con el procedimiento iniciado para resolver el contrato “lo que no vamos a permitir es que la actual adjudicataria, que hasta el momento ha demostrado que no tiene intención de continuar prestando el servicio, entorpezca el proceso de resolución del contrato. Culminar este procedimiento permitirá al Ayuntamiento adoptar las medidas necesarias para solucionar la situación y trabajar para que el aparcamiento vuelva a estar operativo”, ha añadido.

El Ayuntamiento explica que aceptar la suspensión habría supuesto prolongar aún más el cierre del aparcamiento, al no existir por el momento plazos definidos sobre la tramitación del recurso judicial. Además, recuerda que ya está trabajando en la respuesta a las cuestiones técnicas planteadas por la adjudicataria, un asunto que será abordado en el pleno del próximo mes de septiembre. Cabe destacar que la solicitud de suspensión se ha tramitado de forma independiente al resto del expediente debido a que debía resolverse en el plazo máximo de un mes. De no haberse pronunciado el Pleno dentro de ese periodo, la petición podría haberse entendido estimada por silencio administrativo, motivo por el que el asunto se incluyó en el orden del día de la sesión celebrada este viernes.