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Cerca de un centenar de personas se concentraron anoche en la plaza principal de L’Alqueria d’Asnar para reclamar, una semana más, la dimisión del alcalde de este municipio del Comtat. Gran parte del vecindario considera que César Palmer debería de dar un paso atrás, después de las noticias que se han ido conociendo en los últimos días, y que presuntamente lo vinculan con la desaparición de más de seis mil euros procedentes de la recaudación de las instalaciones deportivas municipales. El contexto ha llevado a que el primer edil esté gobernando ahora mismo en solitario, asumiendo también todas las concejalías junto a la alcaldía, todo después de que el PP decidiera abandonar todas las concejalías que ostentaba junto a Palmer, gesto que también protagonizó la edil No Adscrita Saray González. Cabe recordar que esta última era compañera de filas del mismo primer edil cuando ambos accedieron al gobierno local por Compromís, en las Elecciones Municipales de 2023, y los dos dejaron el partido por discrepancias al haber suscrito un acuerdo de gobierno con el PP que apartaba al PSOE de liderar el ejecutivo pese a que había ganado los comicios.

El informe de intervención claro y contundente: “una gestión irregular de fondos públicos”

Al margen de esto, ha trascendido esta semana el informe del secretario-interventor municipal del Ayuntamiento y del que se desprende que “la gestión de la recaudación de la piscina municipal se ha realizado al margen de la legalidad, sin integrar los fondos en Tesorería ni comunicarlos a Intervención“. El documento, al que tenido acceso COPE ALCOY, revela también que  “la retención de efectivo y los pagos no documentados son prácticas incompatibles con el ordenamiento jurídico; la custodia y posterior sustracción de 6.300 euros deriva exclusivamente de una gestión irregular de fondos públicos realizada fuera del sistema económico municipal” y se remarca que Secretaria-Intervención no tuvo constancia alguna del dinero, ni del robo de este, que se produjo el pasado 30 de octubre según las explicaciones dadas recientemente por el alcalde. Finalmente, se destaca con contundencia que el secretario-interventor, en régimen de acumulación, no tuvo conocimiento ni posibilidad de control sobre ninguno de los hechos descritos “no existe, por tanto, ningún tipo de responsabilidad atribuible a este órgano, recayendo íntegramente en quien asumió la posesión, gestión y destino de los fondos”. Finalmente, el texto concluye que los hechos descritos “podrían ser susceptibles de valoración. Por responsabilidad contable por alcance, responsabilidad disciplinaria y política, responsabilidad patrimonial y responsabilidad penal por apropiación indebida por distracción y malversación imprudente”.