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Los concejales que impulsan la moción de censura en el Ayuntamiento de l’Alqueria d’Asnar han denunciado públicamente la existencia de obstáculos que, a su juicio, están impidiendo que el procedimiento avance conforme a la legalidad vigente. Así lo han destacado en las últimas horas en un comunicado conjunto los tres ediles del PSOE y la concejala no adscrita Saray González, propuesta como candidata a la alcaldía.

En el texto detallan que la propuesta, registrada el pasado 19 de febrero y respaldada por la mayoría absoluta del pleno, continúa sin ser tramitada. Los firmantes consideran que esta situación responde a una actuación deliberada desde la alcaldía, a la que acusan de entorpecer el proceso mediante decisiones administrativas que, según sostienen, “exceden sus competencias”. Entre las medidas cuestionadas, señalan la emisión de varios decretos orientados a frenar la moción e incluso su archivo, algo que califican de “irregular”. Asimismo, critican la falta de actuación por parte de la secretaría municipal, cuya titularidad se ejerce actualmente de forma accidental, una circunstancia que, según los denunciantes, “no se ajusta a la normativa vigente”.

Los concejales promotores de la citada moción de censura recuerdan que la legislación establece que, una vez verificada la validez de la moción, el pleno debe ser convocado automáticamente dentro de un plazo concreto, sin margen para interpretaciones discrecionales. En este sentido, apelan también a resoluciones de la Junta Electoral Central que insisten en la necesidad de actuar con “inmediatez” en este tipo de procedimientos. Ante este escenario, los impulsores de la moción advierten de que el bloqueo podría vulnerar derechos fundamentales relacionados con la participación política. Por ello, no descartan emprender acciones legales si la situación no se desbloquea en breve.

Como medida inmediata, han reclamado que en un plazo máximo de 48 horas se active la tramitación correspondiente. De no producirse avances, anuncian que trasladarán el caso a la Fiscalía Anticorrupción y acudirán a la vía judicial contencioso-administrativa para defender sus derechos.