12 julio, 2021

Esta pandemia ha dejado en evidencia muchas de las carencias y falta de rigor de nuestras residencias de mayores, en muchos casos ya desde años atrás. Pero la mayor deficiencia de todas ha sido y es la falta de control y el poco interés por parte de la administración del buen funcionamiento de las mismas.

Son muchos los indicadores de que algo no funciona bien a la hora de adjudicar o poner en servicio una residencia, prueba de ello son la cantidad de sanciones (1300 en toda España) entre 2014 y 2020, más las que están en proceso de expediente, y las que quedarán, a buen seguro, para inspeccionar. Se calcula que hay unos 5.500 centros aproximadamente en España, aunque no existe un censo oficial.

Durante la pandemia, unos 30.000 ancianos murieron en las residencias, lo que provocó alarma en las autoridades y, al meterse en faena, observaron la falta de control que rige estos centros, con inspecciones insuficientes, sanciones muy bajas, y sobre todo, la indefensión de los usuarios. Los familiares se suelen desesperar ante el estado de los residentes en muchos casos. Hasta 2020, 10 comunidades no hacían ni una inspección anual de los centros (el 51% del total en España). Con el COVID-19, en 2020 y tras reforzar el sistema de inspecciones, en 7 de estas comunidades se siguió sin controlar las residencias, lo que nos demuestra, una vez más, la dejadez que envuelve este sector ¿Tan poco valoramos a nuestros mayores?¿Vamos a permitir que esto siga así?¿Tienen que ser los familiares quienes lleven a cabo las labores propias de las administraciones?

Cabe destacar los motivos más frecuentes de sanción: Incumplimiento normativa o contrato (483), falta de personal (400), asistencia inadecuada (317), falta de higiene (172), o trato degradante o mal trato (131). En la Comunidad Valenciana se han impuesto 91 sanciones en este tiempo a falta de cerrar algunos expedientes.

En el caso del DOMUS VI de Alcoy, que ya tenía problemas serios antes de la pandemia, y tras los trágicos acontecimientos que todos conocemos, se han realizado por parte de Conselleria varias inspecciones que concluyen que se cumple la normativa, aunque en una de ellas se observaron irregularidades. ¿Realmente se cumplen los ratios y normativas? ¿En qué circunstancias se realizaron estas inspecciones? ¿Con un centro al 50% de capacidad, o con una ocupación casi al completo como a día de hoy? ¿Ha mejorado la relación centro-familiares? ¿Se ha estudiado la falta de información que denuncian los usuarios? A poco que uno hable con los familiares de este centro, se da cuenta que siguen con los problemas de antaño. Que además de la falta de información, el trato a los residentes no es el más adecuado ni de lejos, por falta de personal, que no pueden disfrutar de todas las instalaciones de las que dispone el centro y otras muchas cuestiones, aunque la factura, eso sí, llegue todos los meses.

Alcoy no es un hecho aislado. El DOMUS VI en concreto, ha tenido varios problemas en comunidades como la Valenciana, Madrid, Castilla-La Mancha o Galicia, y los motivos son preocupantes, como falta de personal, riesgos para la salud, falta de higiene, asistencia inadecuada y, ojo al dato, trato denigrante. También se repite el patrón de la falta de información. ¿Qué tiene que decir la administración al respecto? Con todo esto, la Consellería de igualdad y políticas inclusivas ha aumentado el número de contratos con esta empresa, aunque diga que en Alcoy se estudiaría su reversión.

Es cierto que las competencias son de Conselleria, pero las autoridades locales deberían de presionar mucho más para garantizar el trato exquisito para con residentes y familiares, y no conformarse con lo que dictamine Valencia. Nuestros mayores no son una carga, son nuestra responsabilidad, como nosotros fuimos la suya antes, que se han ganado su bienestar con creces y a los que debemos el máximo respeto, además de ser lo que somos a día de hoy.

“Donde no se honra a los ancianos, no hay futuro para los jóvenes”.