11 febrero, 2021

El pasado 25 de enero, convocada por diversas organizaciones de pensionistas de todo el estado, tuvo lugar una importante movilización con un amplio seguimiento en todo el Estado, aunque la pandemia provocó que en algunas localidades se sustituyeran las concentraciones por entregas de firma o acciones en las redes sociales. A pesar de estos condicionantes, la respuesta fue masiva y extensa, con amplios apoyos sociales y fuerte repercusión en la opinión pública.

 Como reacción a las movilizaciones, el ministro Escrivá se ha prodigado en apariciones públicas, para contrarrestar la creciente contestación a sus planes. En ellas, evitó mencionar en todo momento el plan de privatización encubierta, empresa a empresa, que contiene la recomendación 16 del Pacto de Toledo y que de hecho es el verdadero núcleo de la reforma que propone. Tampoco el entrevistador (de una empresa privada) realizó una sola pregunta sobre el tema, a pesar de que la puesta en marcha de esa privatización vía convenios de empresa, supondrá el desdoblamiento de las pensiones en un sistema mixto público-privado, desviando las cotizaciones de la Seguridad Social, lo que traerá como consecuencia el empobrecimiento de las pensiones públicas y la destrucción de la solidaridad del actual sistema de pensiones entre territorios, sectores económicos, tamaño de las empresas, género y generaciones, provocando más desigualdades.

 Se pretende ocultar este grave proyecto, desplegando un enorme bombardeo mediático para tratar de blanquear el contenido del Pacto de Toledo, y que el debate se centre en si el gobierno se propone o no, alargar a 35 años los años computados. Llevan meses lanzando globos sonda en este sentido, intentando que el problema de la privatización de las pensiones esté en el primer plano del debate. Ahora el ministro niega esa iniciativa para tratar de desactivar la movilización y contestación creciente. Es el viejo juego de amenazar con lo peor (35 años) para que nos conformemos con alivio con lo que también es malo (25 años) y posibilite además que algunos saquen pecho por ello. Pero Sr. Ministro, ni 35, ni los 25 años actualmente aprobados. En ambos casos son demasiados años, dados el paro y la precariedad en el empleo existentes en España.

 Ante otra de las reivindicaciones fundamentales del movimiento pensionista, el cierre de la brecha de género, el gobierno ha aprobado ahora el Real Decreto-ley 3/2021 por el que reducen solo en 35€ al mes una diferencia que de media sobrepasa los 400€ al mes. Y respecto a la revalorización de las pensiones, argumenta que ahora se revalorizarán, pero evita decir cómo, mientras que en el Pacto de Toledo se recupera la idea de cambiar el indicador del coste de la vida por el de ingresos de la seguridad social; ingresos que se quieren recortar con la contribución a los fondos privados de empresa, lo que arrastrará hacia abajo la revalorización de las pensiones.

 No nos extrañan las actuaciones de José M. Escrivá, un ministro que viene de servir al sector financiero y en cuyo currículum consta haber sido Jefe Director del Servicio de Estudios y Director General del Área de Finanzas Públicas del BBVA (2004-12), Director para las Américas del Bco. Internacional de Pagos de Basilea (2012-14) o Presidente de la AIREF (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, 2014-20) nombrado por M. Rajoy.
Tampoco nos sorprende el comportamiento respecto a nuestro movimiento y reivindicaciones, de algunos medios de comunicación que son en parte propiedad de los bancos que van a ser los grandes beneficiarios de la privatización de las pensiones. Y es que el proyecto de empobrecer y privatizar las pensiones públicas no es un fenómeno irremediable caído del cielo, sino que responde a unos intereses concretos, principalmente del poder financiero que, aunque cambien los gobiernos, mantiene una presión de fondo que persiste e intenta arrebatar derechos a la ciudadanía, empobreciéndola en beneficio de una minoría. La ofensiva privatizadora no se da solo en el campo de las pensiones públicas, sino que también promueve la privatización de la sanidad pública o de las residencias de personas de edad avanzada, tratando de que la gestión de los servicios públicos quede en manos de fondos de inversión especulativos, más preocupados por los beneficios empresariales que por el bienestar de las personas. Las trágicas consecuencias de este proceso privatizador las estamos viendo con la pandemia.

 Hemos de parar la ofensiva programada y constante de los grandes grupos financieros para hacerse con la gestión y utilización en su beneficio del gran pastel que suponen las cotizaciones de la clase trabajadora. Solo la movilización y la presión social puede lograr que el gobierno oiga la voz de la ciudadanía trabajadora en defensa de sus derechos, y descarte empobrecer y privatizar las pensiones públicas, que son un derecho básico, de hoy y de mañana, de toda la gente trabajadora.

 El gobierno de coalición (PSOE-UP), las patronales (CEOE, CEPIME, …) y los sindicatos (CCOO, UGT, …) tienen una gran responsabilidad en la manera en que se resuelva este ataque a las pensiones.

 Es preciso que, en el Parlamento Español, los parlamentarios progresistas se posicionen en contra de los planes de pensiones privadas de empresa, que son un intento de romper con el actual sistema público de pensiones, de reparto y basado en la solidaridad entre generaciones; más en concreto, es necesario que esos parlamentarios voten en contra de las desgravaciones fiscales específicas a esos planes, cuando esa propuesta se presente en el Parlamento.

También es preciso que los dos grandes sindicatos estatales, CCOO y UGT, presionen a la patronal (CEOE y CEPYME) y sobre todo al gobierno, para que no acepten esos planes privatizadores de las pensiones. Además, consideramos que todos los sindicatos deben presionar en los centros de trabajo para conseguir que esos planes no se aprueben en los convenios colectivos.

En esta situación el movimiento de pensionistas sigue decidido a mantener una lucha conjunta y continuada en defensa del sistema público de pensiones. El 25 de enero ha significado un punto y seguido en una campaña de largo recorrido que continuará y se acrecentará cuando las condiciones sanitarias lo permitan. Seguiremos firmemente unidos contra el Pacto de Toledo, continuaremos poniendo en el centro del debate de este país la denuncia del intento de privatizar las cotizaciones y el ataque a las pensiones públicas actuales y futuras. En este sentido convocamos conjuntamente una nueva jornada de movilización para el 1 de marzo, en la que, a una semana del 8 de marzo, pondremos especial énfasis en la poca diligencia con que se está abordando la grave brecha de género. No vamos a permitir que se invisibilice la situación de grave discriminación de casi 5 millones de mujeres jubiladas ni que se manipule con medidas claramente insuficientes.