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Càritas Comunitat Valenciana ha alertado esta mañana de los graves efectos de la crisis resultado de la pandemia sobre la población en nuestro territorio, en la presentación del Informe FOESSA 2022 sobre Exclusión y Desarrollo Social en nuestra región.

Dicho informe, que forma parte de un amplio trabajo en el ámbito estatal desarrollado por 30 investigadores de diez universidades y entidades de investigación, apunta, entre otras realidades, a que «el tsunami que ha supuesto esta crisis se ha llevado por delante a un buen número de hogares que disfrutaban de una posición privilegiada de integración plena. Si en 2018 más de la mitad de las familias e la Comunitat Valenciana se encontraban en esta situación, ahora son solamente el 37,5 por ciento de ellas las que no se ven afectadas por ninguna situación de exclusión». Así lo ha explicado Daniel Rodríguez de Blas, sociólogo del equipo de Estudios de Cáritas Española y coordinador de los informes territoriales.

De este Informe se desprende, además, que en la Comunitat Valenciana, si bien la exclusión no se ha ensanchado, sí se ha agudizado notablemente, incrementándose los casos más severos que ahora afectan a cerca de 94 000 personas más que en 2018. Asimismo, el estrés generado por las situaciones de dificultad ha erosionado la resistencia y relaciones en las familias, especialmente entre aquellas que se encuentran en exclusión severa, incrementándose un 129 por ciento respecto al informe anterior.

El Informe constata, además, que la desigualdad ha crecido en un año tanto como durante toda la crisis del año 2008.

En el ámbito de la Comunitat Valenciana hay dos brechas que siguen activas y que se hacen más profundas, como son el género y la nacionalidad de origen, y una tercera que adquiere cada vez más fuerza: la edad. Así, esta crisis está feminizando aún más el espacio de la exclusión, ya que esa brecha se ha multiplicado, desde 2018, por tres hasta afectar al 27,5% de los hogares cuya persona sustentadora principal es una mujer frente al 18% donde esa figura es un hombre.

Por otro lado, casi la mitad de los hogares encabezados por una persona de origen extranjero se encuentran en situación de exclusión, esto es casi tres veces más que en los hogares encabezados por alguien de nacionalidad española.

Y finalmente, uno de cada tres jóvenes entre 19 y 29 años, y este es un perfil novedoso respecto a los informes anteriores, está afectado por procesos complejos de exclusión social, lo que les impide realizar proyectos de vida para hacer la transición a la vida adulta.

Pese a las cifras positivas que se están registrando en los últimos meses en materia de empleo, se ha producido un empeoramiento de las condiciones de trabajo que genera más trabajadores pobres y menos realizados personal y socialmente.

Además del empleo, las dimensiones de la salud y la vivienda son los otros factores de exclusión en la Comunitat Valenciana y ambas han crecido desde 2018, afectando a día de hoy al 21% y 19% de la población respectivamente. Así, más de 260 000 hogares (12,9%) sufre falta de acceso a medicamentos o tratamientos por problemas económicos, sufrir algún trastorno o dificultad mental ha aumentado en un 280% respecto a 2018, alcanzando al 17% de la sociedad valenciana, y en el ámbito de la vivienda, se ha duplicado el número de hogares, pasando de 46 000 a más de 122 000, que sufren retrasos o no tienen dinero suficiente, para el pago de alguno de los gastos relacionados con la vivienda, como el pago del alquiler o la hipoteca.

Propuestas de mejora

Cáritas ha elaborado un decálogo de propuestas para realizar las mejoras necesarias al sistema de protección social, que consisten en:

1. reforzar el acceso a derechos de todas las personas, desvinculándolos de los ingresos, con una orientación clara hacia el “rescate” de los sectores más excluidos;

2. mantener de manera estable las medidas provisionales tomadas en el caso de la salud, la vivienda o la protección social con las necesarias adaptaciones a periodos de estabilidad económica;

3. mejorar la cobertura y la aplicación del Ingreso Mínimo Vital y la Renta Valenciana de Inclusión, así como la coordinación entre Administraciones, ya que ambas medidas suponen un gran avance para corregir los desequilibrios de la protección social;

4. es urgente implementar medidas que reduzcan la precariedad y el desempleo de larga duración, en los empleos más precarios, especialmente en los de limpieza, cuidados, hostelería y labores agrícolas, con gran presencia en la estructura económica de nuestro territorio;

5. deberían complementarse los salarios escasos con otras medidas redistributivas, a modo de estímulos al empleo;

6. garantizar el acceso para todas las personas a un sistema de salud público de calidad y realizar un cambio de estrategia en el ámbito de la atención a personas en situación de dependencia y con necesidad de cuidados para garantizar la igualdad y evitar la exclusión social;

7. poner en marcha políticas frente a la exclusión residencial, ya que desde 2018 se ha triplicado el porcentaje de hogares que residen en viviendas insalubres y el 88 por cien de las personas en situación de exclusión social severa tienen dificultades en esta dimensión;

8. disponer de políticas públicas que pongan los medios necesarios para que todas las personas puedan superar la brecha digital en el ámbito educativo, formativo, administrativo, de acceso a prestaciones, entre otras;

9. avanzar hacia servicios sociales adaptados a la realidad: que cuenten con la dotación suficiente de recursos humanos y económicos, que actúen también desde la prevención y que apuesten por el trabajo social comunitario;

10. como ciudadanía, estamos llamados a realizar una reflexión sobre qué modelo de sociedad queremos, una sociedad que integre a todas las personas, especialmente a las que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad.