9 febrero, 2026

El pleno del Ayuntamiento de Alcoy acordó el pasado viernes instar  a la Generalitat Valenciana a que acelere los trámites necesarios para iniciar la reforma del Teatre Principal, un proyecto que se hace necesario ante el estado en el que actualmente se encuentra esta infraestructura cultural.  La iniciativa contó con el voto favorable de PSOE, Compromís y Guanyar Alcoi mientras que desde VOX se abstuvieron y el Partido Popular votó en contra.

Desde el ejecutivo indicaron que “el gobierno autonómico se había comprometido a una inversión de 455.000 euros” para la citada intervención, según explicó el alcalde Toni Francés, mientras que el PP señaló que no existe ningún documento oficial de la Conselleria de Cultura que respalde esa cifra. En este sentido, los populares informaron que la única cantidad real y oficialmente reconocida es una subvención nominativa de 250.000 euros, cuyo beneficiario es el Ayuntamiento de Alcoy, tal y como consta en los presupuestos de la Generalitat Valenciana desde el año 2024. Además desde el PP plantearon que se incorporara una enmienda en la que, se especificara en la petición, cambiar la cifra por esos 250.000 euros, algo que el gobierno local no aceptó “hoy han vuelto a demostrar con su actitud que el Teatro Principal no les importa en absoluto y, por extensión, tampoco la cultura. Siguen faltando a la verdad y están dejando pasar el dinero y las oportunidades para poner en condiciones un espacio escénico imprescindible para Alcoy”, apuntó la edil Isabel Balaguer.

Durante la sesión plenaria, los partidos de izquierda sacaron adelante también la iniciativa para pedir, tanto a la Diputación de Alicante como la Generalitat Valenciana, partidas económicas concretas destinadas a la adecuación de las infraestructuras deportivas de Alcoy. No se debatió la nueva peatonalización del Centro, como ya te contamos la semana pasada, puesto el PSOE decidió retirar la propuesta del orden del día al no contar con el apoyo político suficiente y después de la línea roja del PP en la que exigía que San Lorenzo no fuera incluida en el citado proceso peatonal.