5 agosto, 2021

La Guardia Civil de Alicante ha detenido en Castalla a un hombre, español de 39 años, como presunto autor de un delito contra la seguridad vial, por conducción de vehículo a motor bajo la influencia de bebidas alcohólicas y sustancias estupefacientes. El conductor quintuplicó la tasa máxima permitida para conductores profesionales, establecida en 0,15mg/l.

El pasado viernes día 30 de julio, agentes de la Guardia Civil destinados en la Central Operativa de Tráfico (COTA) de Alicante (062), recibieron una llamada más que preocupante: el gerente de una empresa con sede en Ribarroja (Valencia) había visto que el conductor de uno de sus vehículos, con una carga de 40 000 kgs, estaba fuera del lugar de entrega. La entrega se tendría que haber realizado en el municipio de Lorcha (Alicante), pero la conversación mantenida con el conductor había sido muy extraña.

En prevención a que le hubiera podido ocurrir algún contratiempo al conductor, o hubiera podido ser víctima de algún tipo de delito, dos motoristas del Destacamento de la Guardia Civil de Alcoy se desplazaron hasta el lugar indicado por el GPS del vehículo articulado para, en caso de que fuera necesario, auxiliarlo.

Tras localizarlo, a la altura del kilómetro 470 de la carretera A7, a su paso por el municipio de Castalla, la patrulla observó ciertos indicios de que el chófer pudiera estar conduciendo ese vehículo, de tan grandes dimensiones, en condiciones poco óptimas.

Una vez se detuvo el vehículo en un área de descanso cercana, y ante los claros síntomas que presentaba el conductor de haber ingerido bebidas alcohólicas, se procedió a realizarle la prueba de determinación del grado de impregnación alcohólica, arrojando un resultado por encima de 0,80 mg/l de aire espirado, lo que significaba que estaba quintuplicando la tasa máxima permitida para conductores profesionales.

La conducción de un vehículo a motor bajo la influencia de bebidas alcohólicas y sustancias estupefacientes, es un delito recogido en el art. 380 del vigente Código Penal, al que le correspondería una pena de prisión de seis meses a dos años, así como una privación del derecho a conducir de uno hasta seis años.

La rápida actuación de los motoristas de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, en el lugar de los hechos, así como la detención del conductor, fueron determinantes para evitar lo que podría haber sido un fatal desenlace.