20 febrero, 2021

Finales del pasado mes de enero. La tristemente famosa “tercera ola” de la pandemia golpeaba una manera cruenta e inmisericorde. Los datos de fallecimientos, contagios, ingresos hospitalarios y la incidencia por cada cien mil habitantes se encontraban en su punto más alto. Hostelería y gimnasios cerrados, pero obligados a pagar religiosamente su cuota de autónomos. Comercios cerrando a las 18’00 de la tarde. Toque de queda a las 22’00. Cierre perimetral de muchas ciudades durante los fines de semana. Un panorama absolutamente desolador. Y la Comunidad Valenciana liderando tristemente todos los ranking, con unas cifras desoladoras en todos los apartados.

Y, mientras tanto, los diputados valencianos, “nuestros” diputados, esos que cobran sus generosos sueldos con el dinero de nuestros impuestos, debatían en comisión técnica un par de propuestas absolutamente trascendentales ante la situación de crisis que sufría la sociedad. Tan vitales eran que procuraron hacerlo en el mayor de los secretos posibles, sin que trascendiera a la opinión pública hasta que estuvieran consumadas. Por desgracia para ellos, de alguna manera llegó a la prensa.

La primera de ellas trató sobre las retribuciones por ejercicio del cargo y el kilometraje, pues el teletrabajo ha dejado a algún diputado sin el preciado plus por desplazamiento, y sus sueldos cercanos a los 60.000€ anuales no deben ser suficiente para mantener el tren de vida que llevan. La segunda versó sobre la cesantía, un vocablo elegido a conciencia a modo de eufemismo, pero que viene a significar más o menos lo mismo que finiquito. La iniciativa plantea el cobro de una cantidad cercana a los 50.000€ por diputado al cese de su actividad parlamentaria, ya que tras la misma no tienen derecho a paro y muchos de ellos se quedan sin trabajo. Ello supondría un coste aproximado de 5 millones de euros al término de la legislatura para las arcas del estado.

Para mear y no echar ni gota.

¿De verdad creen que este es el mejor momento para tratar estas cuestiones?

Desde mi humilde posición, se me ocurren cuatro propuestas que podrían estudiar “sus señorías”, relacionadas con ese tema económico que tanto les inquieta. Ahí van:

1. Haciendo honor a la palabra que han escogido para calificar su iniciativa, cesantía, propongo que les cesen a todos inmediatamente por avariciosos, egoístas y, sobre todo, carencia de humanidad y compromiso social. Por supuesto, sin recibir ni un solo euro de más.
2. Dado que esa medida extraordinaria no aparecía en el programa electoral de ninguno de ellos, no me parece justo que su aprobación dependa únicamente de aquellos a los que va a beneficiar. Creo que este tipo de proyectos deberían ser sometidos a referéndum para que el conjunto de la ciudadanía pueda expresar su opinión, ya que a fin de cuentas son quienes van a pagarlo.
3. Debería ser un requisito legal que toda persona que aspire a ocupar un cargo público tenga un trabajo con anterioridad al inicio de su actividad política. De este modo puede solicitar una excedencia durante el periodo en que se ausente y, cuando termine la legislatura, si no sale de nuevo elegido, tiene todo el derecho a reincorporarse a su anterior puesto de trabajo. El problema de no tener paro quedaría solventado.
4. Por último, el sueldo de los políticos no debería estar determinado por el cargo que ocupen, sino por su anterior sueldo. Cada persona que se dedique a la política debería percibir un tanto por ciento más de lo que recibía en su anterior trabajo. De este modo nos garantizaríamos que la política se desempeña, de verdad, con vocación de servicio público, y no por una motivación económica.

¿Qué os parecen estas propuestas? Yo, no sé por qué, intuyo que ningún partido político, ni de izquierdas, ni de derechas, ni de centro, ni de arriba, ni de abajo, se hará eco de las mismas. Pero eso, visto lo visto, ya no debería de sorprendernos a nadie.