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Los vecinos sobre la peatonalización: «Si la sentencia es firme, se podrán pedir devoluciones de sanciones»

Los vecinos ‘han ganado’. Esa es la conclusión que sacan desde la Plataforma Centro Digno tras conocerse la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que declara nula la ordenanza de peatonalización de Alcoy.

«Hemos ganado. Si no la guerra, la primera batalla decisiva«, ha asegurado Cristina Richart, representante de la Plataforma, en rueda de prensa. Destacan los vecinos su disconformidad con cómo se han hecho las cosas. «Con un texto y un plano no se puede montar una ordenanza«.

Pero van más allá. Hacen también referencia a las multas que a lo largo de estos dos años ya han sido cobradas. «Primero tendremos que ver si la sentencia es firme. Si es firme, sí que nos ha dicho (el abogado) que se podrán pedir las devoluciones de las sanciones. Si es nula la ordenanza, tienen que ser nulas las sanciones», asegura Richart.

En la rueda de prensa también intervinieron más representantes vecinales. Y es que, asegura Richart, han sido más de cincuenta los demandantes y muchas las personas que han colaborado, a pesar de no figurar en la demanda. También como representante de la Plataforma estuvo presente María José Soler.

Desde la Asociación de de Vecinos del Centro, Mari Carmen Pascual recuerda que ellos no están en contra de la peatonalización. «Estamos en contra de cómo se ha llevado a cabo, sin consensuar con los vecinos y sin importar los problemas que han creado».

No obstante, la sentencia por el momento no es firme. Es más, el Ayuntamiento de Alcoy va a presentar un recurso. Aún, así, los vecinos celebran cómo se están desarrollando los hechos. «Para mí lo que es un éxito es conseguir resultados a favor de las asociaciones. Es un éxito grande y más porque no tenemos apoyo en la mayoría de nuestras reivindicaciones», ha asegurado Paco Seguí, representante del movimiento vecinal.

Ratificada la indemnización a la empresa que renunció a rehabilitar el Molinar

El juzgado Contencioso Administrativo número 1 de Alicante ha ratificado la indemnización del Ayuntamiento de Alcoy a la empresa encargada de rehabilitar las antiguas fábricas de El Molinar y que renunció a la obra por incumplimientos del Consistorio. Esta sentencia confirma el informe del Consell Jurídic Consultiu el cual determinó que la paralización de los trabajos fue responsabilidad del Ayuntamiento y no de la empresa constructora.

Así lo anunciaba el pasado viernes el Partido Popular de Alcoy al mismo tiempo que destacaba que la citada sentencia amplia ligeramente las cantidades que el Consistorio acordó pagar en diciembre. Dicen desde el PP que el Gobierno Local autorizó entonces el abono de 61.868 euros: 32.861,44 euros correspondientes a la indemnización por el 6% del precio de adjudicación y 29.425,22 euros correspondientes a la devolución de la fianza depositada previamente por la empresa. Ahora, añaden, la sentencia contempla un nuevo pago de 3.332,87 euros en concepto de obras ejecutadas por la empresa en octubre de 2019, antes de la paralización del proyecto. A los 62.454,09 euros que indica el fallo judicial, hay que añadir también  los intereses de demora y los gastos de cobro «el Gobierno del PSOE anunció el proyecto en enero de 2018 y las obras debían finalizar en abril de 2019. La realidad es que tenemos que indemnizar a la empresa, tenemos una nueva condena en contra del Ayuntamiento y hemos perdido 500.000 euros de subvención europea. No se puede hacer peor«, concluye la concejala Lirios García.

Indicar que el proyecto fue adjudicado dos meses después del plazo máximo: junio de 2019. La Generalitat concedió hasta cuatro prórrogas para finalizar las obras y no perder la subvención: al primer plazo de abril de 2019 se sumaron los de noviembre de 2019 y enero, mayo y noviembre de 2020.  Un mes después de adjudicar el proyecto a la empresa que presentó la oferta más baja, aclara el PP, la compañía alegó problemas de acceso a la zona de obras y de seguridad en los taludes, que además no eran de propiedad municipal. La consecuencia fue la paralización de la obra y un nuevo retraso, lo que motivó la rescisión del contrato. Tanto el CJC como el juzgado determinan que la responsabilidad fue del Ayuntamiento, con el consiguiente pago de la indemnización y la devolución de la garantía.

La justicia da la razón al Ayuntamiento por las contrataciones de Avalem Joves

El titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número dos de Alicante ha fallado a favor del recurso interpuesto por el Ayuntamiento de Alcoy contra la resolución del Ministerio de Trabajo tras la denuncia que efectuó en su momento el sindicato Comisiones Obreras. La misma venía motivada sobre los salarios percibidos por las 195 personas contratadas por el Consistorio en 2018 a través del programa ‘Avalem Joves’.

El magistrado señala que el mismo Ayuntamiento actuó correctamente y pagó los sueldos que correspondía a estos jóvenes. Además la sentencia, sobre la que no cabe recurso, reclama al Ministerio que devuelva al Ayuntamiento los 188.225,43 euros (más intereses) de la multa que se vio obligado a pagar «el Ayuntamiento de Alcoy ha actuado avalado por los informes técnicos y motivado por la defensa de los intereses económicos del consistorio. Siempre hemos pagado lo que correspondía a estos trabajadores, en relación a sus funciones y a las tareas que desempeñaban«, afirma el edil Alberto Belda.

Desde el Gobierno Local han lamentado que el Partido Popular y Guanyar Alcoi se sumaran en su día a la denuncia de CCOO. También han mostrado su malestar por el hecho de que estos dos partidos acusaran a los socialistas de actuar de forma ilegal a la hora de pagar a los jóvenes contratados.

Veredicto para el acusado del crimen machista de Planes

El jurado popular ha declarado culpable al acusado de asesinar a su pareja sentimental en el domicilio en el que residían en el municipio de Planes. Los hechos ocurrieron en 2019 y causaron una gran conmoción en las comarcas de l’Alcoià y el Comtat.

La resolución se ha alcanzado por unanimidad, dos días después de que el procesado cambiase su posición inicial y confesase la autoría del crimen en la declaración que efectuó durante la primera sesión del juicio. El jurado, según la información facilitada, ha tenido en cuenta aspectos como la confesión y los informes policiales en los que se descartaba que hubiese terceras personas implicadas en el suceso. Además se ha remarcado que en las pruebas forenses se hallaron restos de ADN del acusado en las armas que utilizó para cometer el crimen. El jurado ha confirmado por unanimidad la apreciación de alevosía al concluir que la víctima no tuvo oportunidad de defenderse, al tiempo que también ha valorado el arrepentimiento como atenuante de confesión por analogía, aunque se ha descartado la posibilidad de concesión de indulto por nueve votos a dos.

Recordar que el ahora acusado, a preguntas de la fiscalía, confesó el lunes  haber matado a su pareja y manifestó sentirse profundamente arrepentido por ello. Seguidamente la misma fiscalía y la acusación particular modificaron sus peticiones iniciales en la exposición de los informes de conclusiones . También solicitaron que se impusiese al acusado una pena de 15 años de prisión en lugar de los 25 demandados inicialmente.

Esa rebaja se produjo después de alcanzar un acuerdo con la defensa, por la que se sustanció el reconocimiento del crimen, aunque en ese acuerdo se contemplaba el mantenimiento de las peticiones de indemnización, que exponen al procesado al pago de 467.000 euros en concepto de responsabilidad civil.

Tras la lectura del veredicto, todas las partes han mantenido esas peticiones, así como la continuidad de la medida de prisión provisional junto a la retirada de la patria potestad respecto al hijo que el procesado tuvo con la víctima.

El juicio queda ahora visto para el dictado de la sentencia.

El jutjat sentència que no es va condemnar a l’Ajuntament de Cocentaina a fer proves Covid al personal

L’Ajuntament de Cocentaina informava dies enrere que una sentència del jutjat ha revelat que el Consistori no va ser condemnant en l’estiu de 2020 a fer les proves diagnòstiques de Covid-19 al seu personal. A més des del Consistori remarquen que el Sindicat de Policies Locals, FESEP, va fer aquesta denúncia de manera falsa davant de tots els mitjans de comunicació.

La sentència és molt clara al respecte i diu també textualment el següent: «la sentencia NO condenó al Ayuntamiento a someter a pruebas diagnósticas de afectación al COVID-19 a los empleados públicos en contacto con el público, tal y como concretaba el suplico de la demanda; fue una estimación sustancial de la demanda que NO recogió tal petición, a la que se aquietó el sindicato demandante, por lo que NO puede requerirse al Ayuntamiento a su realización». 

Aquest procés judicial, iniciat pel sindicat policial del FESEP contra l’Ajuntament contestà, ha costat en advocats 3.300 euros a les arques municipals segons la informació facilitada.

La sentencia de Supremo contra el Estado de Alarma cuestiona la validez de más cien mil multas en la CV

Según ha podido recopilar el diario Las Provincias de fuentes de la Delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana, saltarse el confinamiento en vigor por el Estado de Alarma entre el 15 de marzo y el 20 de junio del año pasado supuso más de 100.000 denuncias y 922 detenciones en la región.

Unas propuestas de sanción por incumplir las restricciones, que -sin embargo- ahora son cuestionadas después de la sentencia del Tribunal Constitucional en la que se califica de ilegan el estado de alarma. Según la Delegación del Gobierno, «los expedientes sancionadores resueltos por Interior supusieron una cuantía de 14,1 millones de euros, de los que 8,3 millones son sanciones ya abonadas mediante el pago anticipado». En cuanto a las sanciones menos graves, las subdelegaciones del Gobierno de Valencia, Alicante y Castellón «resolvieron hasta mayo 12.095 expedientes» del primer estado de alarma «y seguían tramitando otras 8.238″.

De momento el Gobierno sigue sin aclarar cómo va a responder a los ciudadanos multados y si retornará el dinero en los casos de sanciones ya pagadas. El Ejecutivo defiende que sin esta herramienta del Estado de Alarma «no se hubiera llegado a tiempo de parar el virus y no hubiera sido posible mantener las medidas necesarias para detener su avance más allá de 60 días».

De momento, todo está por decidir. Los magistrados del Tribunal Supremo se centran ahora en la redacción de una sentencia con el encargo a la ponencia de intentar salvaguardar a la Administración de una avalancha de demandas por los daños económicos causados con las sanciones.

En el caso de las sanciones impuestas por la administración autonómica, hace pocas fechas la propia administración reconocía que la Generalitat sólo consigue cobrar una de cada cien multas por imprudencias del Covid.

Una sentencia obliga al Ayuntamiento de Cocentaina a dotar de protección a sus trabajadores

Una sentencia del juzgado de lo social número 1 de Alicante exige al Ayuntamiento de Cocentaina que dote a los trabajadores municipales, especialmente de aquellos que están cara al público, de los medios necesarios para prevenir el Coronavirus. La citada sentencia llega después de la demanda presentada por la Federación de Sindicados de Empleados Públicos (FESEP) y en la que se exigía, desde el pasado mes de marzo tras la declaración del Estado de Alarma, que la Policía Local contara con equipos de protección individual para cada agente. En el documento también se pedía un refuerzo de las medidas de higiene y prevención así como un contacto estrecho con las autoridades sanitarias del Departamento de Salud de Alcoy.

Hay que recordar que el Consistorio contestano autorizó a realizar pruebas PCR a la Policía Local y a los trabajadores de Servicios Sociales pero las mismas no se hicieron hasta principios de junio para estos últimos. A todo ello hay que sumar que a finales de julio se produjo el contagio de un agente por Covid-19 que obligó a cerrar el retén policial durante unos días y a derivar en la Guardia Civil la atención de las cuestiones de seguridad de la población «el agente, que había estado trabajando los días 27 y 28 de julio, comunicó el día 31 al concejal correspondiente que había contraído el Coronavirus pero el edil le ordenó que no lo comunicara a los compañeros. Hasta el día siguiente no se cerraron las dependencias municipales y se confinó a la plantilla, con el consiguiente riesgo para el resto de agentes que trabajaron en esas dependencias, al menos, desde el 27 de julio y hasta su cierre«, reza el texto de la sentencia.

El documento insiste también en que la gestión que hizo de la situación el Ayuntamiento supone un grave peligro para la salud pública de los empleados municipales. Por último insiste en que se adopten todas las medidas para dotar a la plantilla de los medios de prevención necesarios sin imponer sanción económica alguna para el propio Consistorio «está probada la puesta en peligro grave de la salud, integridad física del personal empleado por el demandado [el Ayuntamiento], en contacto directo con ciudadanos y la lesión del derecho a la protección a la salud e integridad física de los mismos«, se destaca.

La sentencia puede ser recurrida y desde FESEP se ha asegurado que esta sería la primera condena a un Ayuntamiento de la provincia de Alicante por poner en peligro la salud de los trabajadores municipales en plena pandemia sanitaria por el Covid-19.

El PP responde al PSOE sobre la sentencia de la reparcelación de un inmueble del Centro

El portavoz del Partido Popular de Alcoy, Quique Ruiz, ha rechazado las críticas del Gobierno Local del PSOE a raíz de la sentencia que obliga a indemnizar al propietario de un inmueble afectado por el proyecto de recuperación de la zona baja del Centro histórico.

Ruiz ha acusado al Gobierno de «utilizar una sentencia de carácter técnico sobre la valoración de un edificio, que no es firme y contra la que cabe recurso, para tapar las carencias de gestión que el PP ha puesto de manifiesto en las últimas semanas» según ha señalado en las últimas horas. Los populares firman también que la edil Lorena Zamorano es la menos indicada para criticar la gestión del Ejecutivo Local del PP puesto que, recuerda Ruiz, «está imputada por el presunto pago irregular a un funcionario afín al Gobierno del PSOE; una situación en la que también está el edil socialista Jordi Martínez«, ha afirmado.

Por último Quique Ruiz, en su respuesta a Zamorano, ha asegurado que ningún concejal del PP, ni del actual Grupo Municipal ni de los anteriores, permanece imputado por corrupción «que no utilice mi nombre, al menos mientras permanezca imputada por un presunto delito de malversación de fondos públicos. El PSOE gobierna Alcoy desde hace casi una década. Debe dedicarse a gobernar y no a buscar continuas excusas para tapar su ineficacia«, concluye el portavoz popular.

La familia del joven fallecido en la ‘Plantà del Xop’ de Planes recurrirá la sentencia

La familia del joven de Cocentaina fallecido en la ‘Plantà del Xop’ de Planes en 2012 ha afirmado que recurrirá la decisión judicial conocida la pasada semana, en la que quedaba absuelto el alcalde de Planes, Javier Sendra, y en la que se condenaba al Ayuntamiento y al entonces concejal de Fiestas en el municipio a asumir una serie de costes económicos en concepto de indemnización.

Los padres de Juanvi, Bienve Sanchis y Miguel Cardona, aseguran que no había suficientes medidas de seguridad en la Fiesta que organizaban Los Quintos e insisten en que el primer edil debería de ser inhabilitado de sus cargos políticos «no había ni siquiera ambulancia y creemos que si se hubiesen adoptado todas las precauciones por parte del Consistorio, ante un evento de estas características, nuestro hijo Juanvi seguiría aquí«, señalan. Ambos se encuentran ahora mismo analizando la sentencia con el abogado de la familia a la espera de poder presentar el recurso correspondiente.

Recordar que el juez penal de Alicante ha condenado a pagar 900 euros a Vicent Catalá, concejal de Fiestas de Planes aquel año, como autor de un delito de homicidio por imprudencia menos grave al considerar que esta actividad conlleva un riesgo socialmente admitido.