Martínez anuncia que se mantiene la peatonalización del Centro de Alcoy y recurrirán la sentencia

El Ayuntamiento de Alcoy se ha pronunciado sobre la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que anula la ordenanza municipal de peatonalización de Alcoy.

Jordi Martínez, concejal de Movilidad Sostenible, ha comparecido ante los medios y ha anunciado que recurrirán la sentencia. Por el momento, al no ser la sentencia firme y al poderse recurrir, mantendrán la ordenanza tal y como está.

Sin embargo, se habrá matices. «Después de consultar nuestro servicio jurídico, se mantiene la peatonalización como está actualmente, pero con la particularidad de que las sanciones que se impongan a partir de ahora se notificarán pero no se cobrarán hasta que no tengamos una sentencia firme», ha explicado Martínez.

Mientras, se trabajará en solucionar la deficiencia que tiene el texto actual, es decir, la falta de participación en el proceso. El texto modificado será sometido a exposición pública, a Pleno y a un nuevo proceso de exposición pública antes de su aprobacion definitiva. Este documento será transitorio hasta que esté elaborada y aprobada la ordenanza de bajas emisiones.

La sentencia

La ordenanza municipal que contempla la peatonalización del Centro de Alcoy se cae. La justicia da la razón a la Plataforma por un Centro Digno, que presentó una demanda contra el Ayuntamiento de la ciudad por cómo el Gobierno local del PSOE llevó a cabo el proceso de peatonalización.

Desde la Plataforma han asegurado a Cope Alcoy que no están en contra de la peatonalización, sino de cómo se ha llevado a cabo el proceso. Denuncian que el Ayuntamiento no tuvo en cuenta al resto de partes implicadas (como los vecinos) en la elaboración de la ordenanza.

Las medidas a las que se oponían son muchas. Entre ellas, los horarios de entrada y salida de vehículos para los residentes en la zona que se establecieron.

En el texto emitido por la sala contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), al que ha tenido acceso Cope Alcoy, se declara nula la ordenanza municipal y el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento que la aprobó definitivamente.

La sentencia condena al Consistorio al pago de las costas procesales, que pueden llegar a los 4.000 euros. Sin embargo, no es una sentencia firme, ya que se puede recurrir. El Ayuntamiento tiene 30 días de plazo para presentar un recurso de casación.

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