Javi Sansalvador

El pasado jueves 22 de mayo, el Ayuntamiento de Cocentaina llevó a cabo su pleno ordinario, en el que se abordó una moción centrada en la defensa del Sistema Público Valenciano de Servicios Sociales. La propuesta, presentada por los grupos municipales de Compromís y el PSOE, buscaba poner sobre la mesa las preocupaciones respecto al avance de políticas que, según denunciaron, amenazan la integridad y la calidad de estos servicios públicos.

Tras cierto debate entre los diferentes representantes municipales, la moción fue aprobada con los votos favorables de los ediles de Compromís y el PSOE, mientras que los partidos del PP y Vox votaron en contra. En ella se aseguraba que el gobierno autonómico trata de desmantelar el sistema social público valenciano y favorecer su privatización. La iniciativa también señalaba que las leyes recientes estaban vaciando de contenido los derechos de las personas dependientes y dificultando procesos clave como la valoración de discapacidad o dependencia.

Además, se alertó sobre la opacidad en la gestión de datos relacionados con solicitudes y tramitaciones en materia social, señalando que muchas solicitudes estarían ocultas en las cifras oficiales. Por otro lado, se denunciaron retrasos en la apertura de centros sociales en varias localidades y cambios en las ratios laborales que, según los firmantes, estaban provocando una mayor carga de trabajo para los profesionales del sector sin mejorar la atención a quienes más lo necesitan “desde que Carlos Mazón asumió el gobierno autonómico, se están sentando las bases para acabar con el Sistema Público Valenciano. Esta moción busca presionar para que se aumenten recursos y se garantice una atención social digna y adecuada para todos. Nuestro objetivo es seguir trabajando por una sociedad más justa e inclusiva“, aseveró el concejal de Servicios Sociales; Javi Sansalvador.

El acuerdo aprobado instaba a la Generalitat Valenciana a reforzar económicamente y en personal los servicios sociales, además de exigir mayor transparencia en la publicación de datos. También pedía impulsar nuevos centros gestionados públicamente y cumplir con compromisos pendientes para mejorar las condiciones laborales del sector. Finalmente, solicitaban revertir las reformas legales adoptadas desde mediados de 2023 que, según expresó el gobierno local contestano, son perjudiciales para el sistema público.