‘País Valenciano’

La decisión de la Mesa del Senado de permitir el empleo del término «País Valenciano» o «Países Catalanes» para referirse a la Comunidad Valenciana es lo que ha provocado la reacción en las filas del Partido Popular. La portavoz adjunta del partido en el Senado, Salomé Pradas, informaba ayer que desde su formación van a emprender acciones legales para frenar el uso de estos términos según informa COPE COMUNITAT VALENCIANA.

Esta respuesta se ha producido después de que la Mesa del Senado aprobara la propuesta de emplear estos términos en las iniciativas oficiales, lo que ha sido considerado por el Partido Popular como algo que va en contra de la Constitución y del Estatuto de Autonomía «pedimos que los grupos en el Senado se ajusten a la ley y que respeten el Estatuto de Autonomía que representa a todos los valencianos. No podemos pisotear la voluntad de los valencianos y el PP va a defender el Estatuto de Autonomía«, ha apuntado Pradas en rueda de prensa tras la Junta de Portavoces. Ha aprovechado también que las acciones judiciales que se van a valorar buscan «defender el derecho de los valencianos«.

A este rechazo se han unido también los miembros de Ciudadanos. Su portavoz en Les Corts, Ruth Merino, lo ha criticado así: «es intolerable que las instituciones den alas al nacionalismo más exacerbado de los independentistas catalanes«. Además, ha añadido que esta decisión de la Mesa del Senado es un intento de extender la cuestión independentista de Cataluña a la Comunidad Valenciana y lo considera como «otro ataque más a la identidad y a la historia de los valencianos».

A la reacción del Partido Popular, el senador de Compromís, Carles Mulet, ha recordado la propuesta que hizo esta semana para que se rechacen los documentos oficiales en los que se escriba «Valencia» y «Castellón de la Plana» en castellano, la cual tampoco ha sido reconsiderada por el Senado. La vicepresidenta primera del Senado, Cristina Narbona, ha defendido que, aunque esa terminología no sea la oficial, su uso no supone «ninguna desviación del principio de legalidad porque no tiene ningún tipo de consecuencia jurídica«,.