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Archivan la demanda por supuestas irregularidades en las multas de la peatonalización del Centro de Alcoy

El Gobierno Local del PSOE comunicaba el pasado viernes que el Tribunal de Cuentas ha archivado la denuncia interpuesta en su día por el Partido Popular referida a supuestas irregularidades en la aplicación de multas derivadas de la entrada en vigor de la Ordenanza de Peatonalización del Centro de la ciudad en la primavera de 2021. Hay que recordar que los populares acusaban meses atrás a los socialistas de haber incurrido en una supuesta malversación en la administración de los fondos públicos, todo ello tras haber puesto solo 232 sanciones; a pesar de los 37.600 accesos registrados en los primeros seis meses desde la entrada en vigor de la peatonalización.

Desde el PSOE valoran muy positivamente esta resolución del Tribunal de Cuentas y aseguran que la denuncia del PP ha sido «otro intento de manipular y tergiversar la realidad«. Además afirman que el seguimiento de la peatonalización del Centro no tenía como objetivo sancionar, sino más bien concienciar a la ciudadanía «sin embargo parece que al Partido Popular solo le interesaba que se multara a cuanta más gente mejor, posiblemente buscando perjudicar a este Gobierno. La tendencia desproporcionada del PP de Alcoi a judicializar cuestiones municipales en lugar de tender la mano de forma sincera y aportar en beneficio de la ciudadanía”, destaca el vicealcalde de Alcoy, Jordi Martínez.

Finalmente desde el Partido Socialista han pedido al PP que centre sus esfuerzos en  trabajar por los intereses reales de la ciudadanía.

Alcoy implantará un proyecto piloto de autobús bajo demanda

Alcoy pondrá en marcha un programa piloto que permitirá al usuario solicitar la llegada del autobús a través de los botones de unos dispositivos instalados en tres paradas concretas de la ciudad. Estas se ubicarán en la calle Profesor Simó Alós, en la zona de los Juzgados y también en la calle San Juan de Ribera y facilitarán que el autobús no haga el recorrido hasta esos puntos si no hay demanda del servicio. De igual forma se contempla el desarrollo de una aplicación móvil para que el ciudadano pueda conocer el estado de su solicitud e incluso demandar el paso del bus.

El proyecto, impulsado por la Conselleria de Economía Sostenible, supondrá una inversión total de 51.000 euros de los cuales el 50% serán asumidos por el IVACE. El mismo persigue el objetivo de mantener la oferta de transporte público en las zonas más alejadas del núcleo urbano al mismo tiempo que se apuesta por reducir el número de kilómetros recorridos y un mayor ahorro de consumo, energía y tiempo.

Junto a esta iniciativa el IVACE también tiene previsto destinar otros 18.000 euros para la adquisición de tres vehículos eléctricos municipales. Durante 2018 el propio Insituto Valenciano de la Competitividad Empresarial quiere invertir 750.000 euros para dar apoyo a 30 proyectos que fomentan la movilidad sostenible y el uso de las energías renovables.

Desestimada la demanda de Ortiz por las pérdidas económicas de la Rosaleda

El Juzgado Número 3 de Alicante ha desestimado la demanda presentada por la UTE Enrique Ortiz e Hijos  en la que reclamaba al Ayuntamiento de Alcoy un total de  1.275.441 euros al considerar que el Consistorio era responsable de las pérdidas económicas que ha generado la explotación del parking de la Rosaleda en los últimos años. La edil de Régimen Jurídico, Lorena Zamorano, ha recordado que esta demanda se centraba en tres aspectos concretos como son el cambio de los accesos al parking, la apertura de nuevos aparcamientos públicos, y que el propio Ayuntamiento fuera permisivo a la hora de permitir aparcamientos ilegales en la zona. Todas estas cuestiones fueron rebatidas en la vista por el ingeniero municipal y el jefe de los servicios económicos del propio Consistorio y finalmente tenidas en cuenta en la sentencia para desestimar la demanda.

En este sentido Zamorano explica que el el Juez considera probado que la falta de mantenimiento de las instalaciones » corresponde al concesionario del Parking, y el hecho de que debido a este deterioro toda una planta permanezca cerrada, es causa directa de la merma de ingresos de la UTE y no de la administración local», indica y añade «los licitadores que concurren a un contrato público son perfectamente conscientes de las normas y condiciones que rigen el mismo y formulan libremente sus ofertas, asumiendo el riesgo y ventura de lo que pudiera acontecer durante su vigencia», destaca.

Finalmente la concejala ha valorado positivamente este fallo que es favorable en esta ocasión para los intereses municipales «seguimos trabajando en desenmarañar toda la línea de entuertos que provienen de las gestiones del anterior Gobierno Local del PP con el principal objetivo de que el Ayuntamiento no tenga que desembolsar más dinero público», concluye.