Contaminación

La Colla Ecologista La Carrasca alerta de que los niveles del aire de la ciudad fueron perjudiciales para la salud el año pasado. Esta es la conclusión a la que han llegado después de analizar los datos oficiales de la calidad del ozono en 2015.

Las cantidades permitidas se superaron en 136 días, incumpliendo así las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Además su pico más alto  se alcanzó durante abril y septiembre, cuando se respiró aire nocivo en 2 de cada 3 días. De esta manera se han superado en 30 días los valores objetivos para la protección de la salud humana, dado el máximo de días que permite la normativa europea y española es de 25. Estos datos se basan en los resultados recogidos por la estación de medición que hay en el barrio de la Zona Norte de Alcoy, la única existente para las Comarcas de l’Alcoià y el Comtat.

Desde el colectivo han pedido que se tomen soluciones al respecto y se han mostrado críticos con la Consellería de Medio Ambiente «no está demostrando una mayor sensibilidad que el anterior. Hemos pedido la recuperación del control de las partículas finas en la estación de medición de Alcoy y se ha rechazado la petición alegando que con las mediciones de partículas  en el municipio de Ontinyent  ya se cumplía con los mínimos establecidos por la normativa», afirman desde La Carrasca.

Transporte público y carriles bici  para mejorar la calidad del aire

Según la Colla La Carrasca, «para avanzar hacia una mejora de la calidad del aire hay que adoptar medidas dirigidas a la reducción del tráfico de vehículos privados». Del mismo modo, destacan «la creación de carriles bici, el fomento del transporte público colectivo y la potenciación de una ciudad compacta». De igual forma insisten en la necesidad de potenciar el transporte ferroviario de mercancías en detrimento del transporte por carretera y lamentan la falta de inversión en el mantenimiento y la mejora de la línea ferroviaria Alcoi-Xàtiva-Valencia.

Por último se han mostrado críticos con el modelo de España y la Unión Europea al que acusan de «estar al servicio de la industria del automóvil», concluyen.