Pies de barro
Artículo de Opinión de Quique Ruiz, Portavoz del PP en Alcoy
Un mes después de los 290 litros que la borrasca Gloria descargó sobre Alcoy quedan muchas preguntas por responder. El temporal sacó a la luz las carencias de la ciudad y la fragilidad del Gobierno local, superado de forma grave por los acontecimientos.
También nos mostró el trabajo de técnicos, profesionales y voluntarios que, con su esfuerzo, consiguieron menguar los efectos de la borrasca.
El Alcoy que el Gobierno, y particularmente el alcalde, presenta como referente de las ciudades inteligentes quedó aislado por la nevada, dejó sin agua durante cuatro días a miles y miles de alcoyanos y vio cómo se hundían edificios del Centro. Todo mientras el señor Francés presumía en Madrid, en el glamour de Fitur, del turismo inteligente que la calle Entenza le reporta a la ciudad. Vaya contradicción.
En pleno siglo XXI, la autovía A7 quedó cortada. La ciudad, incomunicada durante horas. Los propios empresarios han protestado por este hecho. La patronal ha razonado que una ciudad no puede quedar aislada cuando desde muchos días antes hubo previsión de temporal de nieve. De hecho, las máquinas quitanieve, que desde primer momento debían haber estado en la comarca, se quedaron bloqueadas de camino por la caída de un cable.
Muchas dudas quedan en el aire en torno a la incomparecencia del Gobierno ante los problemas de suministro de agua que durante cuatro días padecieron tres barrios de la ciudad. Aparte de que el fallo técnico se había producido en anteriores episodios de lluvia, los ciudadanos sufrieron un desgobierno de la ciudad sin precedentes. 12.810 personas que no podían beber, ni lavarse, ni cocinar quedaron desamparadas. En lugar de extremar la información, el Gobierno abandonó su responsabilidad y se parapetó detrás de la empresa Aqualia con unos comunicados tan turbios como el agua que llegaba a las casas. ¿Tanto costaba haber colocado carteles en cada uno de los edificios afectados?
El Gobierno fue incapaz de cumplir la obligación del Ayuntamiento como responsable de ofrecer una alternativa para asegurar el suministro. Desde el Partido Popular le pedimos que habilitara camiones cisterna para que los vecinos pudieran tener agua potable. El Gobierno sabía que, al menos hasta el viernes, cuando estuviesen los análisis, no podría consumirse el agua. Y mientras, en contra de la normativa, el Ayuntamiento puso a disposición de los consumidores agua que no cumplía los requisitos de calidad y permitieron, sin apenas ofrecer información, que agua no apta llegara a las viviendas de miles y miles de alcoyanos.
Pero la mayor irresponsabilidad en la gestión la evidenció el Gobierno de Francés con la caída de edificios en el Centro, especialmente por el descontrol en la Inspección Técnica de Edificios. La normativa de estas inspecciones obliga a revisar los edificios que superan los 50 años y repetirlas cada 5 años para mantener un seguimiento. De los edificios caídos, al menos tres se saltaron dos de esas revisiones. Fueron inspeccionados por última vez en 2007 o 2008, según casos. El Gobierno no ha explicado por qué incumplió la ordenanza que le obliga a comunicar y requerir a los propietarios a que sometan sus propiedades a inspección. De haberlo hecho, habría podido saber si estos edificios habían o no pasado la revisión.
La dejadez de funciones del Gobierno, que en 2014 dejó de comunicar a los propietarios que debían pasar la inspección, ha tenido unas consecuencias gravísimas, por mucho que se esfuerce en derivar responsabilidades en los propietarios o en otras administraciones. El derrumbe de los edificios era previsible y evitable. La solución a estos incumplimientos no puede ser derogar la ordenanza que el Gobierno está incumpliendo, dejando en manos de la Generalitat el control del parque de viviendas de la ciudad.
Ese control lo quiere conseguir vía express a través de los técnicos del Instituto Valenciano de la Edificación, que ya han detectado 79 edificios con riesgos estructurales. En apenas un mes han hecho más que el equipo de Antonio Francés por garantizar el patrimonio urbano y la seguridad de los vecinos. Esta intervención trata de corregir a marchas forzadas nueve años de inacción e incumplimientos por parte del Gobierno que han provocado que, en menos de 48 horas, un edificio pase de estar habitado a ser declarado ruina inminente.
La situación que padeció -y padece- la ciudad no fue fruto de un temporal del que, evidentemente, el Gobierno no tiene culpa alguna. La nieve, el viento y la lluvia fueron solo factores sumados a graves carencias de gestión de la ciudad tanto antes como durante la borrasca. El temporal constató el descontrol y la desidia sobre el estado edificatorio del Centro con unas consecuencias catastróficas. Mostró la irresponsabilidad de un Gobierno que puso en riesgo la salud pública de los ciudadanos al ofrecerles agua no apta para el consumo, que los abandonó sin dar alternativas al suministro y que ni siquiera fue capaz de evitar que la ciudad quedase aislada. Fueron hechos muy graves que, desde la serenidad, exigen explicaciones. Las que no han llegado un mes después.