Justicia

Pese a esa opacidad hemos podido constatar que 72 personas han fallecido en la residencia a consecuencia de la pandemia. Se trata de más de la mitad de los residentes atendidos en el geriátrico a principios de marzo. Es una cifra catastrófica. Terrible. Deplorable. Una cifra que nos consterna y nos acucia a mostrar la máxima solidaridad con los familiares y amigos de quienes han perdido la vida en una situación de completo aislamiento.

Conscientes como somos del sufrimiento padecido por el espanto padecido en Oliver, no podemos compartir que la primera respuesta oficial del pleno del Ayuntamiento de Alcoy haya sido responsabilizar directamente a la empresa gestora solicitando al Gobierno valenciano que le rescindiese el contrato y asumiese la gestión del geriátrico. Hubiésemos deseado que el primer gesto fuese demostrar la firme voluntad de reclamar Justicia para resolver la tragedia humana vivida en la residencia.

Entendemos que la misión del Ayuntamiento no es ajusticiar a través de sus resoluciones. Y menos, aprovechando una situación dramática para condenar sin juicio previo a empresas y modelos de gestión. Sostenemos con rotundidad que, ideologías aparte, la obligación del Ayuntamiento es reclamar Justicia. Es exigir el conocimiento de las causas que han provocado la pérdida de 72 de vidas en una residencia concreta mientras el resto de geriátricos de la ciudad y de las localidades más cercanas, independientemente del modelo de gestión, no es que no hayan tenido que lamentar fallecimientos, sino que ni siquiera han registrado un solo contagio.

Por ese motivo votamos en contra de la moción finalmente aprobada por la mayoría de izquierdas del Ayuntamiento. Al mismo tiempo anunciamos la propuesta de acuerdo que se aprobará este próximo lunes para que el Ayuntamiento en pleno solicite a la Fiscalía una investigación que determine por qué el geriátrico de Oliver ha sufrido una intolerable mortalidad y, en su caso, depure las responsabilidades que correspondan.

Aplaudimos la intervención realizada hasta la fecha por el Ministerio Fiscal, que desarrolla diligencias de índole civil para recopilar información sobre posibles incorrecciones o errores que se pueden subsanar. Pero creemos que el Ayuntamiento de Alcoy, como principal defensor de los intereses de sus vecinos, ha de exigir un paso más: una investigación penal. Atendiendo la enorme alarma social y la demanda de los familiares de los fallecidos, el Ayuntamiento debe instar a que la Justicia esclarezca lo sucedido en el geriátrico DomusVi Alcoy y, si procede, determine las responsabilidades oportunas.

Consideramos que solo la Justicia puede garantizar una investigación rigurosa y solvente. No olvidemos que la Conselleria de Políticas Inclusivas, a quien cabría pedir otra investigación, aseguraba hace apenas unos meses que en el geriátrico de Oliver todo estaba correcto, según reconoció la concejal de Servicios Sociales, dando por buenas el Gobierno local las explicaciones dadas por la Generalitat.

De la investigación que reclamamos a la Fiscalía surgirán conclusiones que dotarán de seguridad jurídica las posteriores medidas que puedan adoptar el Ayuntamiento o la Generalitat. También, si es el caso, la rescisión del contrato con la empresa gestora. Aceptaremos las medidas por contundentes y drásticas que sean porque estarán basadas en la Justicia que garantiza un Estado de Derecho.

Lejos de planteamientos partidistas, sostenemos firmemente que lo fundamental en este momento es que el Ayuntamiento de Alcoy haga todo lo posible para impedir que una tragedia histórica pueda cerrarse en falso. No nos lo podríamos perdonar. Y lo que es peor: tampoco lo harían las personas que ya no están con nosotros.