Informativo matinal martes 28 de febrero 2023 (07:20h)

La mejora de la calidad del aire en Alcoy, además de sus implicaciones para la salud, y la detención de una farmacéutica del Comtat por presunta estafa a la Seguridad Social de 39.000 euros son algunas de las noticias destacadas de este 28 de febrero de 2023.

Agentes de la Guardia Civil han detenido a una farmacéutica del Comtat y ha investigado a otras seis personas, cinco de ellas responsables de residencias de la tercera edad junto a una amiga de la boticaria, por un fraude de más de 39.000 euros a la Seguridad Social. Se les atribuye la simulación de ventas de medicamentos para pacientes de los geriátricos a los que habían clonado las tarjetas sanitarias.

Las investigaciones se iniciaron el pasado mes de octubre cuando una inspección de la Conselleria de Sanitat detectó que una farmacia de un municipio de la comarca se estaba llevando a cabo una venta inusual de medicamentos financiados por el Sistema Nacional de Salud. A partir de ahí, se dio cuenta a la Guardia Civil y en una segunda inspección fueron intervenidas diferentes tarjetas sanitarias magnéticas clonadas, con información sanitaria de pacientes de la Generalitat Valenciana, y multitud de cajas de medicación sin código de barras. También se descubrieron habitaciones donde se acumulaban los medicamentos supuestamente dispensados en compañía de medicación caducada y productos químicos de limpieza, por lo que también se incumplía en el establecimiento la legislación que regula el almacenamiento de material sanitario.

Por otra parte, se halló una base de datos con información personal de internos de varias residencias de la provincia de Alicante y se identificó a una amiga de la farmacéutica que salía del negocio. En este momento se comprobó que la chica llevaba una caja que contenía más tarjetas magnéticas disponibles para ser clonadas y un archivador con informes médicos de pacientes junto a cierta documentación manuscrita a mano.

El modus operandi era claro: con las tarjetas clonaban se realizaba la venta de la medicación a los titulares a cargo del Sistema de Salud Nacional, pero el producto no era dispensado sino apartado sin su correspondiente cupón de precinto. El paso final, con el presunto conocimiento del titular de la farmacia, era cargar dicho gasto a la Seguridad Social, lo que generaba en el establecimiento un lucro económico ilícito.

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