Sucesos

Familias que vieron esfumados sus ahorros, padres que perdieron el dinero que guardaban para que sus hijos estudiaran, gente a la que le embargaron sueldos y haberes… Este mes de julio se cumplen 30 años de la quiebra de la Caja de Crédito de Alcoy, más conocida como La Caixeta. Un suceso que afectó a cerca de 3.000 personas de la ciudad y de las localidades de la comarca.

Desde aquel momento el colectivo de afectados ha estado luchando para poder recuperar el dinero. Y en estos 30 años han conseguido cobrar cerca del 80% de lo que se perdió en esta quiebra fraudulenta, tal y como determinó la justicia. «No hemos parado aún. Seguimos vivos y estamos recogiendo dinero. En breve le pediremos al juez en breve hacer una asamblea y el reparto de un 6 o 7% del dinero recuperado más», ha explicado Enrique Rodes, presidente del colectivo de afectados por la quiebra, en declaraciones a Cope Alcoy.

Explica Rodes que no es común que las víctimas recuperen un porcentaje tan elevado en casos de suspensión de pagos. Hubo gente que no reclamó en su momento, pero desde la asociación -explica Rodes- tratarán de incluirlos en este último reparto. «Estamos haciéndolo lo más transparente posible«.

La quiebra fraudulenta

Apenas dos años después –en 1989– de que se constituyera la Caja de Crédito de Alcoy, el Banco de España abrió un expediente sancionador al director de la entidad, Jesús Llopis, que lo inhabilitaba de su cargo durante cinco años. Sin embargo, tras presentar recursos se mantuvo en su puesto.

Fue el 23 de julio de 1993,  tras seis años de actividad, cuando el Consejo Rector solicitó la suspensión de pagos por ser el activo de la entidad inferior al pasivo en más de 745.000 euros. En 1995 se declaró la quiebra que, tres años después, fue calificada por la justicia de fraudulenta.

La bancarrota fue atribuida, por el fiscal, a la actuación del director general, la subdirectora, los dos miembros del consejo rector y el director de la oficina. Los afectados perdieron, en total, cerca de 3,7 millones de euros. «Prácticamente la totalidad eran familias trabajadoras, de todas las comarcas. Ofrecían más ventajas que otras entidades bancarias y la gente aceptaba. Fue un drama social», cuenta Rodes.

Y es que entre 1991 y 1993, concretamente, se autorizaron al hijo del director general créditos por los que adeudaba a la caja más de 138.000 euros. También se aprobaron préstamos a otros particulares -familiares de los acusados, entre ellos- y a una empresa. Estos tampoco se amortizaron y provocaron varias deudas de entre 9.015 y 200.137 euros. Finalmente, fueron condenados el director y la subdirectora.

Recuerda Rodes que, tras la quiebra, los afectados contactaron con un abogado. «Tuvimos mucha suerte con Don Moisés Vicens, alcoyano que ejercía en Alcoy. Nos dijo que no cobraría nada hasta que nosotros recuperáramos dinero».